El PP pide la dimisión de la vicepresidenta Montero por el rescate de Air Europa

El Partido Popular ha intensificado sus críticas hacia la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, exigiendo su dimisión por lo que consideran el "mayor caso de corrupción en España", denominado por los populares como el "caso Sánchez". En el centro de sus acusaciones están las "sospechosas" circunstancias que rodean el rescate de Air Europa y la implicación de varios ministerios en casos de presunta corrupción.

Durante el pleno del Congreso, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, junto con los diputados Juan Bravo y Carmen Fúnez, han cuestionado a Montero sobre su “conocimiento de presuntas irregularidades” relacionadas con José Luis Ábalos y un supuesto pendrive vinculado al exministro, lo que ha incrementado la presión sobre la ministra. Además, Bravo ha relacionado a Montero con escándalos anteriores, aludiendo a su participación “en el Gobierno de la Junta de Andalucía” durante el caso ERE.

Los populares también han señalado que once ministerios, incluido el de Hacienda, estarían "salpicados" por casos de corrupción y han pedido explicaciones sobre la limpieza del proceso del rescate de Air Europa, que, según ellos, se ha realizado de manera “acelerada y costosa”.

MONTERO RESPONDE AL PP CON ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN ENCUBIERTA

María Jesús Montero ha respondido enérgicamente, acusando al PP de “ocultar sus propios casos de corrupción”, haciendo referencia a episodios como “la destrucción de discos duros” y la llamada "policía patriótica". Montero también ha lanzado un ataque personal hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja, Alberto González Amador, cuestionando “si habían tratado de deducir gastos personales de manera ilegal”, como la compra “de un Rolex o viajes privados”.

La ministra ha destacado que, a diferencia del PP, el Gobierno actual actúa “con transparencia y colabora con la justicia” en la lucha contra la corrupción, defendiendo las políticas del Ejecutivo y el compromiso con la legalidad, especialmente en la gestión económica del país, resaltada por las recientes mejoras en las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI).