Muchas empresas afectadas por cambios en los criterios de ayudas Covid

La reclamación del Govern balear de la devolución de 20,8 millones de euros en ayudas COVID a 442 empresas y autónomos, es una medida polémica y cuestionable. Estas ayudas, abonadas a los beneficiarios en 2021, en su momento fueron vitales para garantizar la supervivencia de miles de negocios afectados por la pandemia.

El proceso de revisión iniciado por la Conselleria de Empresa, Ocupación y Energía como consecuencia de una resolución adoptada por el Govern Armengol tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023 y estando en funciones, parece más punitivo que razonable, pues no se dirige a un porcentaje determinado de las ayudas otorgadas, sino al total de ellas, lo que es una barbaridad y supone empantanar a la Administración y a las empresas y autónomos que recibieron fondos públicos.

Se acusa a las empresas de supuestos incumplimientos, pero muchos de ellos se derivan de un cambio en los criterios de concesión, modificados de manera discreta por el anterior Govern en funciones, lo que ha generado incertidumbre y preocupación en el tejido empresarial.

Se acusa a las empresas de supuestos incumplimientos, pero muchos de ellos se derivan de un cambio en los criterios de concesión

El problema radica en la falta de transparencia y coherencia en este proceso. Si bien es entendible que existan mecanismos de control para garantizar el uso adecuado de los fondos públicos, resulta incomprensible que se exija la devolución total de las ayudas por cuestiones que, en su momento, estaban completamente subvencionadas. Inevitablemente, esto provocará un aumento de la litigiosidad contra la Administración.

Además, las irregularidades encontradas parecen ser residuales y no justifican una medida tan generalizada, que podría poner en peligro la estabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas que ya han sufrido bastante durante los años de crisis sanitaria.

Este cambio en los criterios de adjudicación, que se realizó de manera oculta, añade una capa de desconfianza hacia la anterior Administración. Las empresas actuaron de buena fe bajo unas condiciones establecidas, como confirman los auditores. Modificar dichas condiciones a posteriori para pedir devoluciones masivas es, cuanto menos, injusto.

En lugar de fomentar la recuperación económica, esta medida genera más incertidumbre y castiga a aquellos que intentaron mantener a flote sus negocios en un contexto extraordinariamente adverso.

El Govern debe reconsiderar esta decisión y adoptar una posición más equilibrada, que tenga en cuenta las verdaderas circunstancias de las empresas y evite ahondar en una crisis que, para muchos, está lejos de haber terminado.