La okupación exige soluciones urgentes para proteger los derechos de los propietarios

La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en una triste realidad que afecta a numerosos pequeños propietarios en España. Este fenómeno ilegal e injusto les impide disfrutar del libre uso y beneficio de sus propiedades, lo que ha llevado a muchos a optar por mantener sus casas cerradas en lugar de arriesgarse a que sean okupadas.

En este contexto, el partido PI - Proposta per les Illes ha lanzado una propuesta de modificación legal que busca facilitar la recuperación de viviendas okupadas. Entre las medidas contempladas se incluye la posibilidad de que los propietarios puedan recuperar sus propiedades en un plazo máximo de 24 horas tras la okupación, así como un aumento de las penas para los okupas. Además, se plantea que los propietarios tengan la facultad de cortar el suministro de servicios básicos como la luz y el agua en caso de okupación.

La propuesta también contempla sanciones para los grandes tenedores y entidades bancarias que, a pesar de tener propiedades ocupadas, no tomen medidas para desalojar a los okupas. Esta situación afecta gravemente a las comunidades de propietarios, donde muchos de estos grandes tenedores poseen viviendas que ni siquiera contribuyen al pago de los recibos de la comunidad.

Los datos son preocupantes: se estima que alrededor de 120.000 viviendas están actualmente ocupadas en España. Esta cifra pone de manifiesto la magnitud del problema, que ha sido minimizado por algunos sectores que argumentan que se trata de una cuestión política de la derecha. Sin embargo, la realidad es que los casos de okupación son evidentes y afectan a un gran número de propietarios, tanto pequeños como medianos.

La okupación ilegal de viviendas es un fenómeno que requiere atención urgente y soluciones efectivas. La propuesta de modificación legal presentada por el PI es un paso en la dirección correcta, pero será fundamental que se adopten medidas concretas que protejan los derechos de los propietarios y garanticen la recuperación de sus viviendas en un plazo razonable. La situación actual no puede seguir ignorándose.