Contradicciones políticas II

El acuerdo alcanzado entre Esquerra Republicana de Catalunya y el PSC (PSOE) para materializar la investidura de Salvador Illa como president, incluye una financiación singular de la Generalitat de Catalunya que significaría la salida de la autonomía catalana del llamado régimen común y la recaudación de todos los impuestos en territorio catalán por parte de la hacienda propia, una especie de concierto superficialmente parecido al de Euskadi, pero con la diferencia de una cuota de solidaridad, mientras que en el caso vasco el Cupo que abona es por el pago de los servicios prestados por el estado por competencias no transferidas (defensa, asuntos exteriores, etc.), ha desatado una tormenta política de dimensiones épicas, tal que una auténtica titanomaquia entre los dioses del Olimpo griego. El líder y otros capitostes de PP, sus presidentes autonómicos, portavoces de Vox, periodistas, columnistas, tertulianos, opinadores y la fracción más rancia y trasnochada del PSOE han salido a tromba a criticar este acuerdo, tildándolo de anticonstitucional, insolidario, y, sobre todo, de romper la igualdad entre los españoles.

“En España todos los ciudadanos son iguales, nazcan donde nazcan y vivan donde vivan. No aceptamos que en España haya ciudadanos de primera y de segunda”, Núñez Feijoo dixit y muchos más han repetido cosas parecidas. Es mentira. En España, los ciudadanos que viven en Euskadi o en Navarra disponen de un sistema fiscal propio, diferente del régimen común que rige para el resto (dejaremos aparte Canarias, que también tienen un régimen diferente, ligado a su carácter de región ultraperiférica). Así pues, el Sr. Núñez y todos sus conmilitones están en perfecta contradicción. Dado que los vascos y navarros del sur de la muga son, de momento, ciudadanos españoles (los del norte lo son franceses), resulta obvio que “no todos los españoles son iguales vivan donde vivan” y que esa falta de igualdad no es demonizada ni considerada anticonstitucional ; por los críticos del acuerdo entre ERC y PSC.

También aducen que el acuerdo implicaría una pérdida de ingresos para muchas comunidades autónomas, las receptoras netas de recursos, esto es, las que reciben más de lo que aportan. Algunas incluso han cuantificado dichas pérdidas, en un ejercicio curioso de adivinación, ya que, cuando el acuerdo no pasa de una mera declaración de intenciones pendiente de concreción, ¿cómo pueden cuantificar, ni por aproximación, qué supuestas pérdidas podrían tener?

En cualquier caso, ese es el quid de la cuestión, la posible pérdida de recursos. Dado que el único cambio, de momento, sería la salida de Catalunya del régimen común, hemos de entender que todas esas pérdidas que con tan inusitada rapidez han calculado algunas comunidades vendrían de la disminución de la contribución catalana, con lo que están reconociendo el enorme déficit fiscal que soportan los catalanes.

Hablan de insolidaridad, pero no explican que algunas comunidades gobernadas por el PP, como Andalucía por ejemplo, están desarrollando políticas de fuertes bajadas de los impuestos que son de su competencia, realizando un auténtico dumping fiscal y con ello, dado que son receptores netos en el reparto del régimen común, una competencia desleal con comunidades como Catalunya, que son contribuyentes. Hablando en plata, bajan impuestos y lo compensan con lo que reciben del sistema de financiación y ahora que ven en peligro una parte ese dinero que les viene de fuera ponen el grito en el cielo.

Tampoco explican que el nuevo modelo de financiación singular se ofrece a todas las comunidades que lo deseen, proporcionando una oportunidad de corresponsabilidad fiscal y de hacer avanzar el entramado institucional español en un sentido federalizante. Pero las derechas españolas y una gran parte de las izquierdas no están cómodas con el actual sistema autonómico, incluso piensan que ha llegado demasiado lejos y preferirían una recentralización de gran parte de las competencias cedidas, así que cualquier iniciativa que pretenda adelantar en un sentido de progresiva asunción de autogobierno por parte de las comunidades autónomas y relaciones bilaterales entre ellas y el gobierno central, choca frontalmente con la concepción centralista y centralizadora que tienen de España. Cuando dicen igualdad quieren decir homogeneidad y les molesta la diversidad; aunque toleran la excepción vasco-navarra, en modo alguno están dispuestos a hacerlo con Catalunya, a la que mantienen en una situación de asfixia controlada, suficiente para que no sobresalga más de lo que ya lo hace, pero no tanto como para poner en peligro la extracción de recursos que necesitan para repartirse.

Un modelo singular de financiación podría ser muy beneficioso para Baleares, pero nuestra presidenta actual, la Sra. Prohens y su gobierno del PP con apoyo parlamentario de Vox ha optado, cómo no, por seguir a política panespañola marcada por el partido desde Madrid y negarse en rotundo a cualquier tipo ni tan siquiera de conversaciones preliminares. Esa es también una contradicción constante de nuestros políticos autonómicos, todos, del PP y del PSOE: son elegidos para defender los intereses de los ciudadanos de las islas, pero se pliegan siempre a las instrucciones, e imposiciones, de sus partidos centralistas.