El PSOE se desmarca del 'caso Puertos' y niega que afecte al Govern Armengol

Pone en la cúspide de la trama a Juan Gual de Torrella, expresidente de la APB, junto a otros funcionarios públicos y directivos de la APB, quienes habrían facilitado la adjudicación irregular de concesiones portuarias en beneficio de particulares, alterando los principios de legalidad, transparencia y concurrencia que deben regir las decisiones sobre el uso del dominio público.

ANTECEDENTES

La APB es el organismo encargado de gestionar los puertos de interés general en las Islas Baleares (Palma, Alcúdia, Ibiza, Maó y Formentera), incluyendo la concesión de espacios y la explotación de infraestructuras portuarias. Este organismo maneja una gran cantidad de recursos y tiene un gran impacto en la economía local, lo que lo convierte en un objetivo clave para los intereses empresariales y políticos.

El caso Puertos se centra en la concesión de dos explotaciones portuarias: una en Ibiza, vinculada al Club Náutico de Ibiza (CNI), y otra en Mahón, Menorca, relacionada con la sociedad Marina Asmen S.L.

LOS PROTAGONISTAS

El principal acusado es Juan Gual de Torrella, quien ocupó la presidencia de la APB desde 2015 hasta su cese en 2020, tras ser detenido en julio de ese año junto con otros directivos de la entidad.

También están involucrados Juan Carlos Plaza, director de la APB, y María Dolores Ripoll, asesora jurídica del organismo y jefa de la Abogacía del Estado en Baleares.

Junto a ellos, figuran otros funcionarios de alto rango y miembros del Consejo de Administración de la APB, como el exalcalde de Ibiza, Rafael Ruiz González (PSOE), y el vicepresidente de la APB, Miguel Puigserver.

ACUSACIÓN

De acuerdo con la investigación, iniciada a consecuencia de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, tras denuncias de perjudicados en las adjudicaciones de la APB (uno de ellos el representante del Club Deportivo 12 Millas), los acusados habrían utilizado sus posiciones dentro de la APB para supuestamente beneficiar a determinados particulares y empresas en detrimento de los intereses públicos.

El caso más relevante es el del Club Náutico de Ibiza (CNI), que llevaba explotando una dársena del puerto de Ibiza desde 1927. A pesar de que su concesión había expirado en 2010, el club continuó explotando los terrenos mediante sucesivas autorizaciones temporales. Para mantener esta situación, los responsables de la APB presuntamente manipularon los procedimientos de concesión.

La investigación, dirigida por la magistrada Martina Mora reveló que, para garantizar que el CNI siguiera gestionando esa parte del puerto, los acusados diseñaron un "traje a medida" en forma de criterios de selección que favorecían exclusivamente al club. En particular, se introdujo el concepto de "arraigo", que premiaba al CNI por su antigüedad y el número de socios, excluyendo de facto a cualquier otro competidor.

Esta maniobra, según posteriores sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), era arbitraria y contraria a los principios de libre concurrencia.

PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES

Diversas resoluciones judiciales, como la Sentencia 133/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), anularon algunos de los actos administrativos que favorecían al CNI, declarando nulos los criterios que se habían utilizado para justificar su adjudicación. A pesar de ello, los responsables de la APB continuaron con su plan, lo que llevó a una segunda sentencia del TSJIB en mayo de 2020 que confirmaba la ilegalidad del proceso y condenaba a la APB por temeridad. La sentencia fue ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo en 2021.

El perjuicio económico estimado para la administración pública derivado de estas concesiones irregulares es considerable. En el caso del CNI, la APB habría renunciado a ingresos por más de 9 millones de euros en un periodo de 35 años al optar por una concesión que no mejoraba las tasas de ocupación y actividad frente a otras ofertas más rentables.

MARINA ASMEN

Paralelamente, la supuesta trama de corrupción también alcanzó al puerto de Maó, donde la empresa Marina Asmen S.L. fue beneficiada en un concurso público para la gestión de amarres y talleres en el muelle de Poniente. La adjudicación fue declarada arbitraria y previamente acordada entre los directivos de la APB y los administradores de la empresa. Se estima que esta adjudicación supuso un perjuicio económico para la administración superior a los 100.000 euros.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La investigación judicial también ha puesto en evidencia la falta de controles efectivos dentro de la APB. Los acusados habrían utilizado sus posiciones de poder para influir en el Consejo de Administración, haciendo que las decisiones se tomaran sin la debida transparencia y utilizando informes técnicos y jurídicos amañados. Incluso en situaciones donde algunos miembros del Consejo mostraban dudas o resistencia, como fue el caso de los vocales del Estado, estos fueron apartados de manera deliberada para eliminar cualquier tipo de oposición.

CONSECUENCIAS

La operación judicial que culminó en la detención de Joan Gual de Torrella y otros directivos en julio de 2020 marcó un punto de inflexión en la gestión de la APB. Tras su detención, Gual de Torrella fue cesado, siendo sustituido por el expresidente del Govern, Francesc Antich.

El caso ha tenido un gran impacto mediático en Baleares, dado el papel central de los puertos en la economía de la Comunidad Autónoma, los distintos intereses en juego, casi siempre antagónicos, y la implicación de figuras políticas y empresariales de relevancia.

La magistrada instructora apuntó que “existía un patente interés compartido por los dos principales partidos políticos (…)”, evidenciado en manifestaciones públicas de la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol, durante la celebración del 90º aniversario del CNI y en conversaciones telefónicas de la actual presidenta del Congreso de los Diputados con Juan Gual de Torrella, interceptadas por la Guardia Civil. “Todo ello acredita un interés político claro y persistente en el tiempo, interés que es relevante penalmente pues se refiere a beneficiar a un particular y no a una cuestión de interés general”.

Este asunto es clave, pues las instituciones ibicencas (Ajuntament d’Eivissa, Consell d’Eivissa), el Parlament y el Congreso aprobaron mociones de apoyo al CNI, al considerar que su permanencia era beneficiosa para la náutica social, deportiva y recreativa; y, por tanto, de interés general.

ARMENGOL

La presidenta Armengol designó a Juan Gual de Torrella presidente de la APB en 2015. En 2018, tras la primera sentencia del TSJB desfavorable para el CNI, Gual informó a Armengol y Rafa Ruiz de que en el siguiente Consejo de Administración se resolvería el problema, en clara referencia a una nueva adjudicación al CNI.

Este miércoles, el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, es reafirmó en su postura de que “no hay caso” en lo referente al Govern balear del que él fue conseller portavoz, omitiendo que Gual de Torrella fue nombrado por el Ejecutivo presidido por Armengol. Además, defendió la presunción de inocencia de los ahora acusados y lanzó dudas sobre la instrucción judicial, diciendo que "no se les acusa de lucrarse de ningún tipo de forma" y asegurando que "obedecían mandatos del Ayuntamiento de Ibiza".

PENAS QUE SOLICITA LA FISCALÍA

Anticorrupción solicita nueve años de cárcel para Gual de Torrella por dos delitos de prevaricación, dos de fraude a la Administración y cohecho.

Para el director de la APB, Juan Carlos Plaza; el jefe de explotación, Armando Parada; el exjefe del área de gestión, Fernando Berenguer; y la jefa de la Abogacía del Estado en Baleares, Dolores Ripoll, pide 4 años de cárcel.

Para Rafa Ruiz pide tres años de cárcel por prevaricación y fraude; igual que para el presidente del CNI, Juan Marí.

Según la Fiscalía, la adjudicación arbitraria al CNI supuso a la APB una pérdida de entre 7,6 y 12,9 millones de euros de pérdida en todo el periodo concesional.

DEFENSAS

Los acusados, durante la fase de instrucción, negaron haber cometido ninguna ilegalidad durante el proceso. Concretamente, Gual de Torrella defendió que existía consenso para que las instalaciones del puerto de Ibiza continuasen en manos del CNI por "interés social". El expresidente de la APB desvinculó a Armengol de cualquier irregularidad, aunque admitió que se reunían una vez al mes para despachar asuntos de interés y que los que no contaban con el beneplacito de la presidenta del Govern, los paralizaba.