La enmienda promovida por el alcalde socialista de Pollença, Martí March, al Decreto Ley de simplificación administrativa, en lo relativo a la regularización de inmuebles ilegales en suelo rústico cuya infracción haya prescrito, pone en evidencia una fractura interna significativa dentro del PSOE balear.
La propuesta de March defiende que se mantengan las licencias turísticas de los inmuebles ilegales que se acojan a la regularización, chocando frontalmente con la postura oficial del partido, encabezada por el portavoz parlamentario Iago Negueruela, quien asegura que la posición en el PSIB es "unánime". Sin embargo, la realidad contradice esa afirmación: la discrepancia entre March y Negueruela desmiente cualquier atisbo de unanimidad.
La discrepancia entre March y Negueruela desmiente cualquier atisbo de unanimidad
Este enfrentamiento interno expone la complejidad de la cuestión de las licencias turísticas en suelo rústico, que no es en absoluto algo sencillo como pretende transmitir Negueruela, calificando el decreto ley de "depredación urbanística". Por un lado, Martí March parece alinearse con una visión más flexible, argumentando que no debería retirarse la licencia turística a viviendas cuya ilegalidad esté prescrita. Por otro lado, Negueruela tiene similar posición que la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), pues sostiene que mantener o incluso permitir nuevas licencias en estos casos agravaría la crisis de acceso a la vivienda y afectaría negativamente al mercado inmobiliario.
La FEHM ha sido especialmente crítica con esta enmienda, advirtiendo de las graves consecuencias que podría tener para la crisis habitacional. Permitir que propiedades ilegales mantengan sus licencias turísticas aumentará la competencia desleal y reducirá el acceso a viviendas para los residentes. En un contexto donde el precio de la vivienda sigue en aumento y las tensiones sociales alrededor de este tema no dejan de crecer, la propuesta de March puede parecer desconectada de las necesidades reales de la población, por más que el consistorio de Pollença defienda al extendido y próspero negocio del alquiler turístico en aquel municipio.
Es evidente que esta enmienda genera divisiones dentro del propio PSIB y lo coherente sería mantener una posición común, en lugar de negar la existencia de distintas opiniones.