Vox la emprende con el cónsul de Marruecos

La carta abierta de Vox en el Consell de Mallorca, instando al cónsul de Marruecos en Palma a tomar medidas para frenar la inseguridad en la isla, revela un preocupante desconocimiento del ordenamiento jurídico español y, más grave aún, una evidente intención de estigmatizar a la comunidad marroquí.

Es importante recordar que un consulado extranjero no tiene competencia alguna en materia de seguridad ciudadana dentro del territorio español. Asignar tal responsabilidad a un cónsul es no solo un error jurídico, sino también un acto irresponsable que envenena el discurso público.

La seguridad ciudadana es una competencia exclusiva de las autoridades locales y nacionales españolas

La seguridad ciudadana es una competencia exclusiva de las autoridades locales y nacionales españolas, específicamente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que operan bajo el marco legislativo español. Al sugerir que el cónsul de Marruecos debería intervenir en temas de seguridad, Vox no sólo desconoce este principio fundamental, sino que también parece estar manipulando la realidad para encender la llama del rechazo hacia una de las comunidades extranjeras más numerosas en Mallorca.

Este tipo de declaraciones no son inocuas. Insinuar que la comunidad marroquí es responsable del aumento de la criminalidad en la isla, sin aportar pruebas concretas y utilizando estereotipos dañinos, contribuye a alimentar la xenofobia y a dividir a la sociedad mallorquina. Se trata de una táctica que, lamentablemente, se ha vuelto común en ciertos sectores políticos que buscan capitalizar el miedo y la inseguridad para avanzar sus agendas.

La instrumentalización de un consulado para fines políticos internos es un juego peligroso que puede tener consecuencias graves para la convivencia en Mallorca. Es esencial que las autoridades y la sociedad en general rechacen con firmeza este tipo de maniobras, que solo sirven para crear un clima de hostilidad y desconfianza hacia los extranjeros.

La seguridad debe ser abordada desde la legalidad, la profesionalidad y, sobre todo, con un profundo respeto por la diversidad y la convivencia pacífica.