La formación política Sumar, que gobierna en España en coalición con el PSOE, propone que se prohíba todo el alquiler turístico, del mismo modo que ya se hace en la ciudad de Nueva York, para garantizar que los residentes tengan acceso a una vivienda digna y asequible.
La proliferación descontrolada de alquileres turísticos en zonas urbanas ha desatado un proceso de gentrificación imparable, donde las viviendas que antes eran destinadas al alquiler tradicional han sido convertidas en alojamientos temporales para turistas. Esta tendencia ha provocado un aumento exorbitante en los precios del alquiler, empujando a los residentes permanentes a la periferia o, en el peor de los casos, dejándolos sin opciones de vivienda asequible.
Este fenómeno ha distorsionado el mercado inmobiliario y es la raíz de graves problemas de cohesión social, pues una sociedad que no dispone de viviendas para jóvenes, trabajadores y población residente, está abocada al fracaso colectivo.
La proliferación descontrolada de alquileres turísticos en zonas urbanas ha desatado un proceso de gentrificación imparable
Barrios que solían ser propios de familias trabajadoras ahora se han transformado en enclaves turísticos, donde la vida social ha sido reemplazada por una economía turística de paso. Las consecuencias de esta transformación son evidentes: desplazamiento de la población residente, incremento de precios, pérdida de la identidad cultural de los barrios, y un aumento de la desigualdad socioeconómica.
La propuesta de Sumar, aunque de corte netamente intervencionista comunista, busca frenar esta tendencia mediante la imposición de restricciones más severas al alquiler turístico, obligando a que solo se permita este tipo de alquiler si el propietario también reside en la vivienda y únicamente para estancias no superiores a un mes, como se ha hecho en Nueva York.
Se trata, sin duda, de una medida drástica, aunque podría ser la única manera de devolver las viviendas al mercado residencial, reduciendo la presión sobre los precios y permitiendo que los residentes locales recuperen su derecho a un hogar digno.
No obstante, es importante que esta medida vaya acompañada de un marco regulatorio sólido que asegure su cumplimiento y evite posibles fraudes. La vivienda es un derecho fundamental, y no debería ser sacrificada en nombre del turismo y el lucro a corto plazo. España debe priorizar a sus ciudadanos, garantizando que todos tengan acceso a una vivienda asequible.
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