El coste de la investidura de Salvador Illa lo pagaremos todos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo en Palma el pasado martes, para despachar con el jefe del Estado, el rey Felipe VI, en el Palacio de la Almudaina. Posteriormente fue recibido en el Consolat de Mar por la presidenta del Govern, Marga Prohens.

La visita de Sánchez estuvo centrada en la financiación autonómica y en la polémica suscitada por el preacuerdo entre PSC y ERC para lograr la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña.

Sánchez, en un intento por defender el preacuerdo entre el PSC y ERC, equiparó el Régimen Especial de Baleares (REB) con el concierto económico que se pretende impulsar para Cataluña. Se trata de una comparación desafortunada que desenfoca deliberadamente la naturaleza del REB, al situarlo en una suerte de trato de privilegio, como sí es el concierto económico que se ofrece a Catalunya, como pago por investir presidente del Govern de la Generalitat a un socialista.

El REB es una herramienta esencial diseñada para compensar la insularidad de Baleares. Su fundamento constitucional deriva del artículo 138.1 de nuestra Carta Magna, que reconoce el hecho insular como un rasgo diferencial a tener en cuenta al establecer el adecuado y justo equilibrio económico entre las distintas comunidades autónomas de España.

Este régimen busca equilibrar las desventajas económicas que sufren las islas debido a su geografía, como los mayores costes de transporte y suministro de bienes. Su propósito es garantizar que los ciudadanos de Baleares no se vean perjudicados por vivir en islas; y, por lo tanto, se les otorguen recursos adicionales para igualar sus oportunidades con las del resto de España.

Pedro Sánchez otorga a Cataluña un estatus privilegiado, superior al de otras comunidades autónomas, similar al concierto económico de País Vasco y Navarra

Por otro lado, el preacuerdo entre el PSC y ERC propone un "concierto económico solidario" para Cataluña, lo que es dar un trato preferente contra el que ya han manifestado su desacuerdo barones socialistas como Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Luis Tudanca (Castilla y León), Miguel Ángel Gallardo (Extremadura), Juan Espadas (Andalucía) y Juan Lobato (Madrid). No es el caso del PSIB-PSOE, que mantiene su perfil de extrema docilidad y sumisión a los dictados de Sánchez, por más que perjudiquen a los ciudadanos de Baleares.

El preacuerdo, que este viernes deben ratificar las bases de la formación independentista, es una nueva concesión política, la enésima, de Pedro Sánchez, que otorga a Cataluña un estatus privilegiado, superior al de otras comunidades autónomas, similar al concierto económico de País Vasco y Navarra.

Supone una modificación del modelo de financiación pactado bilateralmente entre el Gobierno central y una única comunidad autónoma, Catalunya, al margen de las demás, como contraprestación a la investidura de un candidato socialista a la Generalitat. Inadmisible.