El Consejo de Ministros en su reunión del pasado martes aprobó el Real Decreto 710/2024, de 23 de julio, consistente en el Reglamento de desarrollo del Régimen Fiscal Especial de las Islas Baleares (REB). Se trata de una norma largamente demandada por la sociedad balear y por sus representantes políticos.
Este reglamento pone fin a una larga espera y una ardua lucha por parte del sector empresarial de la Comunidad Autónoma, para lograr mitigar los efectos negativos de la insularidad en la actividad económica y fortalecer la competitividad de las empresas y autónomos de las cuatro islas.
Desde hace muchos años, la insularidad comporta una desventaja notoria para nuestras empresas, que incluye mayores costes de transporte y logística, así como limitaciones en la conectividad y acceso a los mercados. Estos factores han dificultado que las empresas locales puedan competir en igualdad de condiciones con las establecidas en la península e incluso en el territorio continental europeo.
La implementación del Régimen Fiscal Especial, tal como se establece en el reciente reglamento, pretende aliviar estas cargas, proporcionando un marco fiscal más favorable que incentive la inversión, la creación de empleo y el desarrollo económico sostenible en las Islas Baleares.
Se trata de una respuesta adecuada y justa a una demanda histórica, compartida por la mayoría de fuerzas políticas y sectores económicos de la Comunidad Autónoma. La práctica unanimidad en torno a esta medida subraya su importancia y el amplio consenso sobre la necesidad de equiparar las oportunidades de las Baleares con las del resto de España.
La gran reivindicación pendiente es que el REB sea permanente y no tenga caducidad
Patronales y representantes políticos han mostrado su satisfacción con esta decisión, viendo en ella una herramienta esencial para impulsar la competitividad y la capacidad de innovación de las empresas locales.
El nuevo reglamento incorpora muchas de las alegaciones y propuestas realizadas por distintos actores sociales y económicos de las islas, lo que demuestra un proceso de elaboración inclusivo y sensible a las demandas y necesidades específicas del territorio balear.
La gran reivindicación pendiente es que el REB sea permanente y no tenga caducidad. Actualmente está vigente hasta 2028 pero no hay ningún régimen de este tipo que no sea permanente. De modo que lo que corresponde a partir de ahora es reclamar que se pueda revisar o prorrogar, pero que, en todo caso, sea permanente. Y merece la pena resaltar la contradicción que supone la negativa del PSOE a rebajar impuestos, cuando en esta ocasión es justamente lo que se hace, a través de distintas fórmulas contempladas en el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo central.
En todo caso, este reglamento representa un avance muy importante para un desarrollo económico más dinámico y equitativo, permitiendo a las Baleares aprovechar plenamente su potencial y sortear los obstáculos que inevitablemente impone nuestra condición geográfica. La satisfacción generalizada que manifiestan patronales y partidos políticos refleja la confianza en que este régimen fiscal especial será un catalizador para el progreso y la prosperidad de las islas.