La llamada de auxilio hecha por el Consell de Mallorca al Gobierno de España, ante la continua llegada de inmigrantes irregulares a bordo de pateras desde el norte de África, supone una grave problemática que hay que afrontar: la llegada masiva de menores no acompañados a las Islas Baleares. La duplicación de las cifras de estos menores recién llegados en lo que va de año refleja una crisis humanitaria que requiere de una respuesta coordinada entre todas las administraciones, de forma que se pueda gestionar adecuadamente la situación.
El origen de esta crisis no puede desvincularse de la tensión diplomática entre España y Argelia. Desde que Pedro Sánchez modificó la postura española respecto al Sáhara Occidental, las relaciones con Argelia se han deteriorado significativamente, resultando en un incremento de las rutas migratorias hacia Europa a través del Mediterráneo, afectando directamente a Baleares. La consolidación y ampliación de estas rutas de entrada aumenta la presión sobre las infraestructuras y servicios sociales de las islas, de forma más aguda en el caso de los menores que deben recibir tutela y asistencia por parte de la Administración insular.
La atención a menores migrantes no acompañados requiere de recursos y políticas integrales que aseguren su bienestar y su integración en la sociedad, evitando así la marginalización
Es fundamental que todas las autoridades involucradas, desde el gobierno central hasta los gobiernos autonómicos, insulares y locales, trabajen de manera conjunta para abordar este desafío, que a todos afecta y a todos concierne. La atención a menores migrantes no acompañados requiere de recursos y políticas integrales que aseguren su bienestar y su integración en la sociedad, evitando así la marginalización y potenciando su desarrollo personal y educativo.
Además, es vital que el gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE asuman la responsabilidad de las consecuencias de sus decisiones políticas unilaterales. La ruptura con Argelia y la subsiguiente crisis migratoria, no pueden ser ignoradas ni delegadas exclusivamente a las comunidades autónomas afectadas. El gobierno central debe liderar con acciones concretas, facilitando los recursos necesarios y estableciendo acuerdos con otros países europeos para una gestión más equitativa de los flujos migratorios.
La situación de los MENAs en Baleares es un reflejo de una problemática migratoria más amplia que requiere una respuesta integral y coordinada. Solo a través de la colaboración estrecha entre todas las administraciones y una política migratoria coherente y responsable, se podrá asegurar una gestión adecuada y humanitaria de esta crisis, protegiendo los derechos de los menores y garantizando la estabilidad y el bienestar de las comunidades receptoras.