El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy (Sumar), ha planteado una batería de medidas contra la oferta de pisos turísticos. A la investigación en curso sobre la publicidad en alojamientos turísticos sin licencia, principalmente en plataformas digitales como Airbnb o Booking, se suma una interesante propuesta.
Se trata de que los pisos turísticos abonen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), como cualquier actividad comercial, acabando con la exención existente.
El ministro Bustinduy explicó acertadamente que si no se aplica el IVA a las viviendas vacacionales, lo que en realidad se está haciendo es incentivar este tipo de alojamiento vacacional, en detrimento de la oferta hotelera, que sí paga IVA, como es lógico y normal.
Es el momento de poner fin a la exención fiscal de la que hasta ahora gozaban los alquileres turísticos, una situación que ha contribuido enormemente al incremento desmedido del precio de la vivienda en zonas turísticas y grandes ciudades.
Es el momento de poner fin a la exención fiscal de la que hasta ahora gozaban los alquileres turísticos, una situación que ha contribuido enormemente al incremento desmedido del precio de la vivienda
La proliferación de pisos turísticos ha tenido un impacto considerable en el mercado inmobiliario. Al ofrecer una alternativa lucrativa y, hasta ahora, exenta de impuestos que sí tributan otros alojamientos, muchos propietarios han optado por destinar sus propiedades a este tipo de alquiler en lugar de ofrecerlas en el mercado residencial. Esto ha reducido drásticamente la oferta de viviendas disponibles para los residentes, contribuyendo al encarecimiento del alquiler y dificultando el acceso a una vivienda digna para la población local.
No hay razón para que los pisos turísticos, que operan de manera similar a los hoteles en términos de alojamiento a corto plazo, continúen beneficiándose de una exención del IVA. Las estancias hoteleras están sujetas a este impuesto, y es justo que los pisos turísticos también lo estén. Esto no solo nivelará el campo de juego entre diferentes tipos de alojamientos, sino que también generará ingresos adicionales para el Estado, que pueden ser reinvertidos en infraestructuras y servicios públicos.
Además, la introducción del IVA en los pisos turísticos podría ayudar a frenar el crecimiento de la oferta ilegal. Al aumentar los costes de operación para estos alquileres, se desincentivará a aquellos que buscan aprovecharse de lagunas legales para operar sin cumplir con la normativa.