Hipocresía urbanística

El Pacte sembró Mallorca con 2.943 nuevas viviendas en suelo rústico en sus ocho años al frente del Govern. Los mismos que ahora dicen escandalizarse de la legalización extraordinaria de Prohens, destinada a viviendas contra las que la Administración no podía ya -por prescripción- tomar medida alguna, han contribuido de forma hiperactiva durante dos legislaturas a convertir el campo mallorquín en una macrourbanización, al tiempo que se llenaban la boca de discursos proteccionistas y pseudoverdes.

Ni una sola voz discrepante en el seno del Govern contra esta política, que ha conseguido acentuar la expansión del área urbana de Palma hacia la periferia.

Si sigue esta tendencia, tarde o temprano Mallorca acabará convertida en un remedo de Los Ángeles, circunstancia que se ha acelerado tras la pandemia. Y eso que el área de Medio Ambiente del Pacte fue siempre patrimonio de los ecosob de Més. Mientras los consellers Vidal o Mir se quejaban permanentemente de la herencia recibida, no adoptaron medida eficaz alguna para la verdadera protección del territorio y del paisaje, elemento esencial para nuestra actividad económica principal.

Pero es que no solo debemos computar esas casi 3.000 viviendas construidas legalmente. Durante las dos últimas legislaturas el urbanismo ilegal se ha disparado y, a la vez, degradado aún más, de forma que allí donde hace treinta o cuarenta años podíamos encontrar una casita construida sin licencia, hallamos hoy en día una barraca, una caravana o un bodrio prefabricado, proliferando los asentamientos.

A la izquierda le han pasado ocho años en los que, más allá de hablar, no ha hecho nada eficaz para parar la destrucción de nuestro suelo rústico. Por ejemplo, jamás se dotó a la Agència de Defensa del Territori del Consell de Mallorca de los medios materiales y humanos adecuados para cumplir con eficiencia su función. La ADT está completamente saturada, sus técnicos desanimados y desbordados, y sus expedientes sancionadores amontonados, caducando muchos de ellos, al punto que algunos ayuntamientos han tenido que recuperar de facto sus competencias en materia de disciplina y acudir a la Fiscalía para actuar contra los infractores, en lugar de esperar una actuación administrativa para la que pueden esperar sentados.