Ultimátum del Consell a los tres exaltos cargos del PSIB por el ‘simpa’ del parking

Así lo ha anunciado el conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, quien ha apuntado que en caso de que los exconsellers insulares Andreu Serra, Jaume Alzamora y el exsecretario técnico de Cultura Francesc Ramis, no abonen la cantidad reclamada, el actual equipo de gobierno insular lo pondrá en manos de la Abogacía del Consell.

El representante del Consell ha aseverado que estas personas utilizaron a la institución insular "en beneficio propio" y "no cumplieron la Ley de Contratación Pública", porque los servicios de Intervención "no autorizaron" esta operación ya que contaban con un "informe desfavorable" de los departamentos a los que pertenecían los consellers -Turismo, en el caso de Serra, y Promoción Económica, en el de Alzamora- y el secretario técnico.

Por estos motivos, ha avanzado que el Consell está "obligado" a pagar este gasto que ahora reclama la SMAP pero ha indicado que el Consell "no puede permitir este simpa" y el "uso fraudulento del dinero de los mallorquines".

El primer paso que seguirá la institución que preside Llorenç Galmés será aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito en un Consell Exxecutiu, para después llevarlo al pleno y posteriormente reclamarlo a Serra, Alzamora y Ramis, con el objetivo de que "subsanen lo defraudado".

De igual modo, ha solicitado que la expresidenta del Consell Catalina Cladera les "exija el pago inmediato de la deuda", ya que, a su juicio, como "máxima responsable, no debería haber permitido esta mala praxis".

Asimismo, ha resaltado que los responsables "intentaron pagarlo un mes antes de las elecciones" pero "no se atrevieron" porque "iba a ser un escándalo" y "dejaron las facturas en un cajón".

Cambios a partir de 2019

Preguntado por si estos contratos se habían firmado en anteriores legislaturas, Fuster ha reconocido que sí pero ha señalado que en 2019 se produce un cambio de normativa que impide que el Consell asuma este tipo de gastos de sus altos cargos y lo deba abonar cada trabajador de la entidad.

También ha mantenido que estas personas aparcaban allí sus "coches privados", puesto que en los contratos de alquiler de las plazas "no ponían las matriculas" de los vehículos a los que estaban asignadas y, al disponer del contrato, ya se les permitía el acceso a los aparcamientos de Via Roma.

Desde el Consell han concretado que esta situación se deriva de la contratación de unas plazas de aparcamiento que formalizaron Ramis, Serra y Alzamora entre 2018 y 2021 pero al no contar con los informes favorables de Intervención, "no se abonaban las facturas" y ahora es cuando el Ayuntamiento de Palma, a través de la SMAP, ha solicitado las diferentes deudas que acumularon: casi 14.000 euros en el departamento de Ramis, cerca 12.000 en el de Alzamora y casi 18.000, en el de Serra.

Acerca del descuadre entre el número de personas y plazas de parking contratadas, Fuster ha incidido que es algo que también quieren "aclarar" pero se reclama a estos tres exaltos cargos porque "son los que firmaron los contratos".

Desde el PSIB aseguran que se hizo un "buen uso" de los parkings

El PSIB ha señalado que trasladó la situación de los contratos de los aparcamientos de Via Roma en el traspaso de poderes que se hizo en julio de 2023 y ha aseverado que se hizo un "buen uso" de las nueve plazas, por las que la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) reclama al Consell el pago alrededor de 43.000 euros de deuda.

De esta manera, el conseller insular del PSIB Andreu Serra ha sostenido que la rueda de prensa ofrecida este martes por el conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, en la que ha acusado a los tres exaltos cargos de la legislatura anterior --Serra es uno de los implicados en el caso-- de hacer un "simpa", forma parte del "modus operandi del PP" que "vulnera cualquier tipo de planteamiento ético".