Podemos defiende a los okupas

Podemos ha anunciado la presentación de una proposición de ley en el Congreso para modificar el Código Penal. El objetivo de la iniciativa es actuar contra las empresas privadas que se encargan de desalojar viviendas de los okupas, por encargo de sus legítimos propietarios, nada menos que ilegalizando dichas sociedades y encarcelando a sus responsables y empresarios.

Esta propuesta representa un despropósito legal y un preocupante intento de elaborar leyes penales a la carta, una medida que roza el abuso de poder legislativo y atenta contra la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada.

No sólo eso, sino que además desde Podemos, tanto por parte de su portavoz, Pablo Hernández, como su líder, Ione Belarra, se vierten graves acusaciones contra empresas como Desokupa, tildándoles de “gentuza”, “organización criminal encubierta”, “grupo paramilitar”, “especuladores”, “fascistas” y “peligrosa banda escuadrista”.

Sin embargo, quienes invaden ilegalmente una vivienda para morar en ella, para Podemos son “personas vulnerables” que merecen ser protegidos y defendidos a toda costa. Es, sencillamente, el mundo al revés.

Esta propuesta representa un despropósito legal y un preocupante intento de elaborar leyes penales a la carta

Podemos sostiene que la "okupación" no es un problema real, argumentando que los casos son "muy puntuales" y no afectan significativamente a la sociedad española. Sin embargo, esta visión ignora el impacto real y diario que tiene la okupación ilegal en los propietarios, quienes ven sus derechos vulnerados y su seguridad comprometida. La ocupación de inmuebles es un delito contra la propiedad, y como tal, debería ser tratado con la severidad que merece.

Las empresas de desokupación han surgido como respuesta a la lentitud y a menudo ineficacia de los procesos judiciales para desalojar a los okupas. Ilegalizar estas empresas sin ofrecer una solución efectiva y rápida para los propietarios es simplemente agravar el problema.

En lugar de esforzarse en enaltecer a los okupas y en perseguir a las empresas de desokupación que devuelven los inmuebles a sus dueños legales, Podemos haría bien en trabajar por reforzar el marco legal que protege la propiedad privada y en mejorar la ley procesar para desalojar a los okupantes ilegales de manera justa y expedita. Asimismo, sería más constructivo trabajar en políticas de vivienda que aborden las causas profundas de la okupación ilegal, como la falta de acceso a viviendas asequibles, en lugar de normalizar la okupación como una opción legítima.

El debate sobre la okupación y las respuestas a este fenómeno debe centrarse en encontrar un equilibrio justo que respete los derechos de los propietarios sin dejar de lado la necesidad de soluciones habitacionales para los más vulnerables. La propuesta de Podemos, tal como está planteada, no solo falla en lograr este equilibrio, sino que también sienta un peligroso precedente de legislación dirigida a intereses específicos y no al bienestar general.