La Derecha debe ofrecer un modelo de financiación autonómica

Una vez más, como en el día de la marmota, se va a volver a hablar de financiación autonómica a propósito ¡Cómo no! de las negociaciones que el Gobierno mantiene con los nacionalistas catalanes, tanto para investir a Illa como para apuntalar la legislatura. Ahora parece que quieren configurar un nuevo modelo que sea singular para aquella comunidad, es decir, que incremente el poder de quienes ocupan el Palau de la Generalitat y sus aledaños. ¡Nada nuevo bajo el sol!

A tenor de las declaraciones que las partes negociantes están realizando, todo parece indicar que, de una forma u otra, se está preparando el terreno para sustraer, al resto de comunidades, su capacidad fiscal. Esto es, eliminar la posibilidad de que puedan disminuir sus tributos, como incentivo a una mejor gestión. Por supuesto, lo harán aplicando la trampa de ofrecer mayores transferencias a quienes acepten el nuevo modelo. Cómo ha ocurrido tantas veces, ¡Ningún presidente autonómico tiene que salir perdiendo!, Aunque, por supuesto, los sufridos contribuyentes volveremos a ser los paganos. ¡Nada es gratis!, es decir, de nuevo nos tocará pagar la nueva fiesta.

Y, a pesar de todo ello, que nadie dude de que al cabo de un tiempo, los mismos nacionalistas periféricos, abominarán del modelo de financiación alumbrado, para acabar reclamando más. Por lo que, en mi opinión, para evitar esta espiral sin fin de opresión, sobre los que ya pagamos muchos impuestos, sería necesario que la derecha política se adelantara ofreciendo un modelo de financiación propio más justo.

Efectivamente, sí los que están en la oposición, otra vez, deciden ir a remolque, el juego seguirá sin solución de continuidad. Pero, sí se adelantan y ofrecen un nuevo sistema que contemple una auténtica responsabilidad fiscal claramente visible (no sólo la corresponsabilidad) de las comunidades, además de ganar el relato político, fortalecerán los fundamentos de la economía y la sociedad española.

Tengo escrito que es extremadamente relevante que el público pueda identificar a los actores políticos tanto por lo que gastan, y cómo lo gastan, como por los salarios y rentas que nos detraen. Repito, ¡Nada es gratis! O dicho de otra forma, creo que habría que vincular la política autonómica con el pago, en exclusiva, de alguno de los tributos de mayor poder recaudatorio. De esta forma si algún dirigente regional desea más recursos para dedicarlos a su “construcción nacional” los tendría que reclamar directamente a sus contribuyentes, sin engaños.

Sí analizamos los presupuestos (o mejor su ejecución) de las distintas autonomías probablemente nos encontraremos que aquellas que tienen gobiernos nacionalistas dedican menores porcentajes de los mismos a los temas más esenciales de sanidad, educación y servicios sociales. Lógicamente, las prioridades “nacionales” consumen una buena parte del pastel, haciendo imposible la contención fiscal. Este es el motivo por el cual, desde el nacionalismo catalán, se reclama que las comunidades gobernadas por la Derecha no tengan opción a bajar o eliminar tributos.

Por todo ello, creo que ahora es el momento de ofrecer, alternativamente, un nuevo sistema de financiación que garantice una auténtica responsabilidad fiscal de todas las comunidades autónomas. Tal y como ya ocurre con los municipios que ostentan la titularidad del potente IBI. El ciclo político es favorable a la derecha, a pesar de los intentos de Sánchez de perpetuarse en el poder, forzando una degradación institucional. Pues, se quiera o no, vivimos en un régimen de opinión pública que va más allá de las particularidades concretas de nuestra democracia, y de la estructura de los medios de comunicación del oficialismo. Desde la oposición también se gobierna.

Si ahora, no se ofrece un modelo de financiación alternativo, y se decide oponerse sin más, por aquello de intentar no pisar demasiados charcos, en mi modesta opinión, se habrá perdido una extraordinaria oportunidad, no sólo de señorear la iniciativa política, sino de contribuir al avance social y económico.