El Ayuntamiento de Barcelona prevé eliminar los pisos turísticos antes de 2029

El alcalde Jaume Collboni ha anunciado este viernes, en una rueda de prensa, su plan para eliminar antes de 2029 los denominados HUT en aplicación del decreto ley aprobado por la Generalitat el pasado noviembre, que regula este sector limitando la concesión de licencias.

La norma, convalidada en el Parlament en diciembre, establece un máximo de cinco años para las licencias y deja en manos de los ayuntamientos su renovación, que debe estar sujeta a la modificación de los planeamientos urbanísticos para incluir, de forma expresa, la posibilidad de acoger apartamentos para turistas justificando que hay suficiente suelo para vivienda de uso

La propuesta del Ejecutivo local es que los pisos pasen al mercado de venta o alquiler transitando del uso turístico al residencial. Según datos del Ayuntamiento, el precio del arrendamiento en la capital catalana ha subido un 68 por ciento en los últimos 10 años, mientras que el de compraventa lo ha hecho un 38 por ciento.

PATRONAL DE PISOS TURÍSTICOS

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha acusado a Collboni de "condenar a la ciudad a la pobreza y el paro". La patronal que representa a unas 350 empresas y propietarios del sector asegura que "los pisos turísticos son un 0,77 por ciento del total de la vivienda de Barcelona, una cifra que no solucionará el problema de la vivienda". Según su presidente, Enrique Alcántara, "el alcalde ha hecho un llamamiento a que la ciudad se llene de alojamientos turísticos ilegales".

Actualmente, el decreto ley autonómico está sobre la mesa del Tribunal Constitucional, que debe estudiar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP en febrero.

Collboni también ha anunciado otra medida destinada a frenar la escalada de los precios e incrementar el parque de vivienda en la ciudad. En concreto, la modificación de la reserva para pisos sociales del 30 por ciento de las nuevas promociones y grandes reformas de edificios vigente desde 2018, bajo el mandato de la ex alcaldesa Ada Colau.

La propuesta del Gobierno municipal socialista es que se pueda trasladar a solares cercanos y que promotores sociales puedan ejecutar las nuevas edificaciones protegidas, en las que el Ayuntamiento tendría derecho preferente en la adquisición. Es decir, podrán hacerse en barrios colindantes al de la promoción afectada o bien en edificios distintos al que construyan pero que estén ubicados en el mismo barrio.