Més per Mallorca y Unidas Podemos han criticado duramente al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, por el despliegue de la Guardia Civil en el Caló des Moro (Santanyí), en la mañana del domingo, mientras se celebraba un acto de protesta por la saturación de esta cala emblemática del litoral mallorquín.
Tanto el diputado en el Congreso, Vicenç Vidal, como la diputada autonómica de Unidas Podemos, Cristina Gómez, han anunciado que pedirán explicaciones al Gobierno por una actuación policial que consideran desproporcionada, contra ciudadanos residentes que protestaban por la saturación turística de la zona.
Cristina Gómez, además, exigió que los agentes de la Benemérita sean identificados, insinuando que su proceder podría ser ilícito, en una histriónica acusación plagada de suposiciones y carente de toda objetividad basada en hechos reales, lo cual es lamentable proviniendo de una representante ciudadana.
Sin embargo, el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, se defendió explicando que la actuación de la Guardia Civil se originó de forma espontánea y de oficio, puesto que no les constaba ninguna protesta legal, comunicada debidamente a la Delegación del Gobierno por los convocantes de la concentración. De ser así, los convocantes han incumplido su deber legal de notificar con la debida antelación el ejercicio de su derecho de reunión y manifestación en un espacio público, lo que les sitúa al margen de la Ley.
Lo más lamentable fue el comunicado de la entidad convocante del acto reivindicativo, 'Ocupemos nuestras playas', que afirman que no se trató de ninguna manfiestación. Su argumentación es ridícula, pues todo el mundo sabe, o debería saber, que la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del Derecho de Reunión, obliga a los convocantes a una reunión en un lugar público a comunicar por escrito a la autoridad gubernativa, con diez días de antelación, la convocatoria de un acto de estas características; algo que ellos no hicieron en ningún momento, por más que sí convocaron a los medios de comunicación.
Si no se cumple con la Ley, mal se puede criticar que las Fuerzas de Seguridad cumplan con su deber de indentificar a los asistentes y dar parte de lo ocurrido a la Delegación del Gobierno.