Comisión de mascarillas: La ausencia de información dará paso a una auditoría de todas las compras

El Partido Popular considera que queda acreditado que el exasesor del Gobierno de Sáncez, Koldo García, "valiéndose de su posición en el Ministerio de Fomento", medió en la adquisición de este material entre el IbSalut y la empresa principal investigada, Soluciones de Gestión, aunque "ninguno de los comparecientes ha aclarado quién facilitó el móvil pesonal del exdirector de compras, Manuel Palomino, al Ministerio, a través del cual se iniciaron los contactos.

Juli Fuster, al mando del Servicio de Salud, y Palomino, "han admitido que no informaron al Govern ni a sus sucesores sobre que el expediente de compra estaba siendo investigado por la UCO, ni que dicha unidad había accedido en busca de la documentación del expediente a las dependencias del IbSalut". "En definitiva, se ocultó información, no de cierta importancia, sino esencial para echar atrás el contrato", añade Mateo.

El PP, asimismo, apuesta por llevar a cabo una auditoría completa de todos los contratos de emergencia durante la pandemia y elaborar una normativa en materia de contratación para el ámbito de la sanidad; que en los traspasos de poderes se informe de la existencia de cualquier expediente que esté abierto y sea objeto de investigación judicial, y que se informe a la dirección de fondos europeos de cualquier incidencia que pueda afectar a la calidad y precios de productos y operaciones que puedan llevarse a cabo.

La comisión, que fue creada a instancias de Vox y salió adelante con el apoyo del PP, el pasado marzo - y que Més per Menorca abandonó en mitad de la misma- ha sido tildada por el PSIB como "electoralista" y no "de investigación". "La comisión de Koldo sin Koldo", ha ironizado el portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, y , ha censurado que las conclusiones se vayan a debatir un día antes de la jornada de reflexión de las elecciones europeas, que se celebran este domingo, consumándose así la "operación marketing del PP y Vox", a quienes acusa de "tener las conclusiones escritas desde el primer día".

Así, el PSIB sostiene que "todos los testimonios dejan claro que la forma era correcta, que se reclamó en tiempo y forma, y que las mascarillas se podían usar". A pesar de que todos los informes del expediente constatan el "uso sanitario", los ex cargos socialistas y los comparecientes han defendido que se hizo "para uso domiciliario".

El Govern de Armengol tardó tres años en reclamar la compra de mascarillas que se dejaron caducar en un almacén, y que no se devolvieron "para tener stock de seguridad", un alegato que el exresponsable del almacén negó durante su comparecencia.

Además, durante toda la legislatura, se ocultó el informe del Centro Nacional de Medios de Protección, que decía que esas mascarillas eran defectuosas a la Intervención, a la Oficina Anticorrupción, a los Fondos Europeos y a la UCO, tal y como apuntó el exdirector de la oficina Anticorrupción, Jaume Far, que tildó de "error".

En este sentido, desde Vox, concluyen que "existe una presunta trama y que se conocía "desde un primer momento, incluso antes de la recepción del material" que las mascarillas no podían ser destinadas al personal sanitario, y que aún así "se adquirieron como FPP2 y se pagaron como tales, forzando para ello el proceso de contratación con la única finalidad de beneficiar a la empresa, en detrimento de las arcas públicas".

Por último, desde Més per Mallorca, tachan la comisión de "inútil" ya que "no ha servido para aclarar todo". El portavoz de la formación ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha criticado su "finalización propiciada por PP y Vox, porque hay unas elecciones europeas y quieren tener unas conclusiones previamente".