La amnistía es inmoral, ineficaz e inconstitucional

El aprobación definitiva de la Ley de Amnistía por parte del pleno del Congreso de los Diputados es la culminación de un proceso por el cual el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, logró el apoyo de los siete diputados de Junts per Catalunya para ser investido presidente del Gobierno, a cambio de otorgar impunidad total al líder de la formación independentista prófugo de la Justica, Carles Puigdemont, y al resto de condenados y procesados por su participación en los delitos cometidos en el marco del Procés.

No en balde, el texto de la ley fue negociado con los beneficiarios directos de tan polémica medida, en el extranjero. No hay precedentes de nada parecido en toda Europa.

En teoría, se dice que la amnistía persigue normalizar la situación institucional, política y social en Cataluña, pero no cabe duda de que estamos ante una descarada concesión política inadmisible y un grave precedente jurídico.

En primer lugar, la aprobación de esta Ley no solo representa un ataque sin precedentes a la separación de poderes, sino que también pone en tela de juicio la imparcialidad del sistema judicial español. Los jueces y fiscales han expresado su rechazo categórico, argumentando que esta norma socava los principios básicos del Estado de Derecho al invalidar sentencias judiciales firmes y al conceder un perdón sin precedentes a quienes desafiaron abiertamente la Constitución española.

Además, el contexto político en el que se ha aprobado la Ley es particularmente preocupante, marcado por un debate bronco y polarizado, reflejo de una España profundamente dividida. PP, Vox y UPN han manifestado una fuerte oposición, indicando que la amnistía no es más que un instrumento de negociación política, diseñado para satisfacer a los sectores independentistas a cambio de apoyo parlamentario. Sobre todo, teniendo en cuenta que son numerosísimos los posicionamientos públicos y las declaraciones de dirigentes y ministros y exministros socialistas (Grande-Marlaska, Lastra, Ábalos, Illa, Patxi López, Calvo y un largo etcétera que incluye al propio presidente Pedro Sánchez), que antes de las elecciones del 23 de julio de 2023 afirmaban con toda rotundidad que no se podía conceder una amnistía ya que eso estaba fuera de la Ley. Y en efecto lo está, pues el artículo 62 prohíbe los indultos generales.

Desde una perspectiva social, la Ley de Amnistía envía un mensaje peligroso: que las acciones ilegales y los delitos, por graves que sean, pueden ser justificadas y perdonadas si la presión política es suficiente. Esto no solo pone en cuestión el cumplimiento de la ley, sino que también deslegitima los esfuerzos de aquellos que buscan el cambio dentro del marco legal y democrático. La aprobación de esta supone una capitulación ante aquellos que optan por la confrontación y la desobediencia de la Ley. Y sólo hay que oír las declaraciones de los independentistas tras la aprobación de la Ley, hablando de victoria y subrayando que ahora es el turno del referéndum de autodeterminación.

La Ley de Amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados representa un retroceso significativo en cuanto a calidad democrática y la cohesión social en España. Más que una solución, la amnistía abre la puerta a una mayor fragmentación y conflicto en el futuro, poniendo en riesgo la estabilidad y sobre todo, el Estado de Derecho.