Las consecuencias del fracaso de la izquierda en materia de vivienda

Cuando se cumple un año desde las elecciones autonómicas que condujeron al centro derecha al poder, PSOE y la izquierda en general buscan capitalizar el creciente y lógico descontento ciudadano por la sobresaturación turística y la crisis de la vivienda en Baleares. Sin embargo, resulta paradójico que intenten culpar al nuevo Govern de problemas que ellos mismos no fueron capaces de resolver durante los ocho años de gobiernos de izquierdas presididos por Francina Armengol.

La sobresaturación turística, un problema que se ha agudizado en los últimos años, no encontró soluciones efectivas durante cuando PSOE, Més y Podemos estuvieron en el poder. A pesar de las promesas de regular el turismo y encontrar un equilibrio sostenible, el gobierno de Armengol no logró implementar políticas que mitigaran los efectos negativos de la masificación turística, actuando sobre los flujos o adaptando las infraestructuras, claramente desbordadas por la avalancha de visitantes. Este estrepitoso fracaso se tradujo en una mayor presión sobre los servicios públicos y un deterioro en la calidad de vida de la población residente, cuyo descontento se manifiesta ahora gracias a una desconocida plataforma ciudadana de un pueblo del interior como Sencelles.

Pero el efecto más pernicioso y dramático que sufre la ciudadanía balear es la carestía de la vivienda, otro tema crítico que la administración de Armengol dejó sin resolver. A pesar de las reiteradas promesas de aumentar la oferta de viviendas accesibles y controlar los precios del alquiler, los resultados ahí están. El precio de la vivienda en Baleares alcanza niveles prohibitivos, especialmente para los jóvenes y las familias trabajadoras, lo que provocó una creciente frustración entre la población.

Ahora, desde la oposición, el PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos exigen al PP soluciones inmediatas a estos problemas que se vieron agravados en los últimos años, olvidando convenientemente su propio historial de ineficacia en estas áreas. La crítica, aunque válida en algunos aspectos, pierde fuerza cuando proviene de quienes no supieron gestionar de manera efectiva durante su tiempo en el poder.

El Govern del PP tiene ante sí el desafío de abordar estos problemas con urgencia y eficacia. La población balear merece soluciones reales y sostenibles que mejoren su calidad de vida. La oposición tiene el derecho y el deber de fiscalizar, pero también debe reconocer sus propios errores y asumir su parte de responsabilidad, razón por la cual ahora hace un año fueron desalojados de las principales instituciones de gobierno en Baleares.

Y mejor sería que aprendan de sus fallos, para contribuir constructivamente al debate político y a la mejora de la situación en Baleares.