La Ley de Vivienda estatal, un completo fiasco

Al cumplirse un año de la entrada en vigor de la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, el balance es preocupante. Lejos de cumplir con su objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, la normativa ha fracasado rotundamente, reduciendo aún más la oferta de vivienda de alquiler y agravando la situación del mercado inmobiliario en España, con el consiguiente drama social que ello comporta.

La ley, concebida para proteger a los inquilinos y controlar los precios del alquiler, ha generado un efecto contrario al deseado. Muchos propietarios, ante un intervencionismo exacerbado que únicamente les plantea exigencias pero muy pocas garantías de cobro de la renta pactada con sus inquilinos, han optado masivamente por retirar sus propiedades del mercado de alquiler o aumentar los precios para cubrir posibles riesgos futuros. Esto ha creado una escasez de oferta que ha exacerbado la crisis habitacional, especialmente en las áreas urbanas más demandadas.

Este deterioro de la situación ha sido particularmente visible en lugares como Mallorca, donde el impacto del turismo de masas y especialmente el alquiler turístico ilegal, ya sometía a enormes tensiones al mercado inmobiliario residencial.

El pasado sábado, miles de personas se manifestaron en Palma exigiendo la declaración de zona tensionada para toda la isla, con la esperanza de frenar el desalojo de los residentes locales a causa del alza en los precios de alquiler. Sin embargo, a juicio de los expertos y también de la consellera de Vivienda, Marta Vidal, la aplicación de dicha medida agravaría aún más la crisis, ya que la regulación disuadiría a los propietarios de poner sus viviendas en alquiler, reduciendo aún más la oferta disponible a precio asequible, ya escasa.

Las críticas del sector inmobiliario no se han hecho esperar, argumentando que la ley ha fallado al abordar las causas estructurales de la crisis de vivienda. La falta de incentivos para la construcción de nuevas viviendas, combinada con la excesiva burocracia, ha impedido el aumento de la oferta necesaria para equilibrar el mercado.

La Ley por el Derecho a la Vivienda de PSOE y Unidas Podemos ha resultado ser un remedio peor que la enfermedad. Es imprescindible que el gobierno revise esta normativa y plantee alternativas que realmente fomenten la oferta de vivienda y protejan tanto a inquilinos como a propietarios, para evitar que la crisis habitacional se convierta en una catástrofe social y económica aún mayor.