Legalizar las obras en suelo rústico costará el 10 por ciento de su valor el primer año

Los propietarios de construcciones ilegales en suelo rústico cuya infracción haya prescrito y la Administración ya no esté en plazo para ordenar su restitución al estado original, podrán regularizarlas pagando una sanción del 10 por ciento del valor de la obra el primer año, el 12,5 por ciento el segundo año y el 15 por ciento el tercer año.

Así quedará el baremo de sanciones que deberán abonar aquellos que se acojan al proceso de regularización de estas construcciones fuera de ordenación, que contiene el decreto ley de simplificación administrativa que este próximo viernes aprobará el Consell de Govern, a través de una disposición transitoria.

Así, se podrá legalizar toda edificación en suelo rústico común construida antes del año 2009 y en suelo rústico protegido construida antes del año 1991, pues dada su antigüedad las infracciones están prescritas y no se puede actuar contra ellas ni sancionando ni demoliendo. Esto incluye piscinas, porches y todo tipo de construcciones.

Además de la sanción, los propietarios deberán abonar los correspondientes impuestos y habrán de cumplir con las exigencias ambientales y de eficiencia energética exigibles.

Como ha señalado en varias ocasiones el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovacion, Antoni Costa, se prohibirá taxativamente cualquier uso turístico de las construcciones objeto de regularización.

De esta forma, el Govern de Marga Prohens articula un procedimiento para incorporar a la legalidad las construcciones fuera de ordenación, tal y como se comprometió hacer el Partido Popular en su programa electoral de las elecciones autonómicas de mayo de 2023.

La legalización de las construcciones en rústico fuera de ordenación supondrá una importante fuente de ingresos para los ayuntamientos donde estén ubicadas, y es una medida excepcional para dar salida a las edificaciones cuya infracción ya esté prescrita y, por tanto, no pueden ser demolidas ni sancionadas.

Una vez aprobado, es intención del Ejecutivo que se tramite en el Parlament como proyecto de ley, dotado en los Presupuestos de la CAIB con cinco millones de euros del fondo de insularidad.

Cabe recordar que el decreto ley también incluye otras muchas medidas, entre las que destaca la reforma integral de la Comisión de Medio Ambiente de Baleares.