En ese momento, el Govern de Armengol ya había pagado los 3,7 millones de euros a la empresa investigada, que eran quirúrquijas y más baratas (1,5 euros frente a los 2,5 desembolsados).
Far considera que no lo tuvieron en cuenta porque no abordaron la cuestión de la calidad del material. "Una cosa es el percio y otra la calidad ofertada", ha apuntado en su interrogatorio Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca. Asimismo, ha asegurado que al IBsalut se le requirió "toda la información" a la hora de iniciar, en octubre de 2020 (después del informe de calidad) el informe de fiscalización del sistema de contratación pública balear durante la pandemia, donde detectó varias irregularidades y "abusos" de la contratación de vía urgencia de material sanitario, pero que lo hizo ante "las alertas de organismos internacionales de los peligros que pudieran afectar al uso de fondos públicos, con el fin de prevenir, en su caso, desajustes o malas prácticas", y ha defendido la legalidad debido a "la situación de emergencia que existía". Ninguno de los informes trascendió en su momento.
"Si hubieramos visto algún indicio de delito habríamos dado traslado a la autoridad competente", ha defendido Far a la afrimación del popular José Luis Mateo en cuanto a que "no se notificó el inicio de esta investigación a ninguna conselleria ni se recabó más información más allá del servicio de salud", según sostiene la alegación de la abogacía de la CAIB.
Sobre que no se comprobase la solvencia de la empresa, Far entiende que en esos momentos "se hizo lo que se pudo".
Cabe recordar que el PP denunció que la Oficina no evitó la implicación de Baleares en la presunta trama, y que "Armengol ignoró los informes que alertaban de prácticas corruptas de la empresa". Far dimitió al poco tiempo y fue sustituido por el ex alto cargo del PSOE, Cristobal Millán. Sobre este hecho, el compareciente ha negado que dimitiera "presiones". "Presión nunca he recibido de nadie, ni nada que se le parezca", ha remarcado.
CRÍTICAS AL GOVERN DE ARMENGOL
El primer director de la oficina ha considerado "un error" la emisión del certificado de conformidad que se emitió a la empresa a posteriori de conocer que eran defectuosas, así como que la compra se efectuese con fondos europeos, también sabiendo estos hechos y ocultándolo a la Unión Europea.
Ha considerado, además, que "faltó transparencia", ya que la la tramitación de emergencia no excluye la obligación de dar traslado, por ejemplo, al Consell de Govern, pero que entiende que "estábamos todos confinados, lo más importante eran las contrataciones antes que la comunicación".
El ex jefe de la oficina ha reiterado tener constancia de que eran para "fines sanitarios", y que se constató un abundante número de mascarillas pagadas por la vía de urgencia, aunque ahora, "años después", entiende la situación. Acto seguido, en su opinión, ha considerado que "podría haberse usado otro procedimiento para comprar el resto de mascarillas".
Los cubrebocas acabaron caducadas a los dos años en un almacén, donde permanecen. Far ha sostenido que la Oficina "no llegó a analizar el tipo de mascarilla ni para qué se compraba cada lote. "De ninguna de las que se compró, sabemos a dónde fueron. No sabemos a qué se destinaron".
Asimismo, respecto a que no se dio constancia del intermediario ni del proveedor, efectúandose la compra por mediación de Transportes como afirmó Palomino, exidrector del Ibsalut, Far alega que la compra a la trama era "la única que ya tenía el material aquí (en España)".
NEGUERUELA ENSALZA LA OFICINA
El portavoz socialista, Iago Negueruela, ha aprovechado su intervención para destacar la importancia del organismo eliminado por el actual Ejecutivo, preguntando varias veces al compareciente si considera que a día de hoy "no hay ningún organismo que pueda controlar este tipo de casos".
Far ha contestado resaltando que "oficinas de este tipo, además totalmente independientes, estaban muy bien diseñadas". Sin embargo, en su última intervención, ante la afirmación del Partido Popular, José Luis Mateo sobre que la Oficina "no sirvió para que no nos estafaran ni para evitar un perjuicio económico ni tampoco para aconsejar la devolución de mascarillas", Far ha admitido que "no" pero defendiendo que se trata de "un organo de control previo y que no sirvió, pero en este caso conreto".
La presidenta de la comisión, María José Verdú (Vox) ha recordado a Negueruela que el cierre de la oficina "no es objeto de esta comisión".