Colapsar el aeropuerto de Palma es una idea aberrante

Sobre la principal puerta de entrada y salida de viajero a la isla de Mallorca, el aeropuerto de Palma, se cierne una amenaza que pone en jaque no solo el flujo de visitantes, sino también la imagen y economía de Mallorca. El mero hecho de que durante una asamblea de integrantes de una plataforma antiturística, se valore la posibilidad de convocar una movilización con el objetivo declarado de colapsar esta infraestructura estratégica, es claramente irresponsable y aberrante; pero no debe tomarse a la ligera.

La sociedad mallorquina, con su economía fuertemente dependiente del turismo, tiene desafíos complejos sobre los que actuar, en relación a la actividad turística desbocada, que en ocasiones produce situaciones de saturación. El Govern de Marga Prohens ya se ha mostrado dispuesto a estudiar conjuntamente con el resto de formaciones políticas, agentes sociales y entidades de la sociedad civil, las medidas que conviene adoptar para paliar la situación.

No obstante, proponer el colapso del aeropuerto como medida de protesta no es solo un ataque contra una infraestructura de transporte crítica, sino un acto que puede tener repercusiones severas en la seguridad y el bienestar de residentes y visitantes. El aeropuerto es una arteria vital para el flujo económico y social de la isla, y cualquier interrupción deliberada podría tener consecuencias nefastas.

La Delegación del Gobierno en Baleares debe actuar de manera firme y preventiva frente a esta amenaza. Es imperativo que se implementen medidas de seguridad reforzadas y se monitoree de cerca las actividades de esta plataforma antiturística y sus líderes. Las protestas y manifestaciones son derechos fundamentales en cualquier democracia, pero estas deben llevarse a cabo de manera responsable y sin poner en peligro a la población ni causar caos innecesario.

Es fundamental abordar las raíces del malestar que impulsan las protestas contra el turismo, tales como el incremento del precio de la vivienda y la saturación de las carreteras. Las autoridades deben trabajar conjuntamente con representantes de entidades ciudadanas para desarrollar estrategias que equilibren la actividad económica generada por el turismo con la preservación de la calidad de vida de los residentes. Políticas de turismo sostenible, mejor regulación y planificación urbana, y una distribución más equitativa de los beneficios económicos, son pasos necesarios para mitigar la tensión social.

Pero la amenaza con recurrir a prácticas extremas e incluso ilegales, que buscan paralizar el aeropuerto o el puerto de Palma no son admisibles y las Fuerzas de Seguridad deben vigilar a quienes las proponen para abortar cualquier amenaza a la seguridad en el transporte.