Guerra sin cuartel contra el alquiler turístico ilegal

El alquiler turístico ilegal continúa siendo un grave problema en las Islas Baleares, que causa un perjuicio significativo al mercado de la vivienda, especialmente al de alquiler y que está detrás de las crecientes dificultades de acceso a la vivienda y del incremento desbocado de los precios.

Conscientes de esta realidad, los consells insulars, como autoridades competentes en materia de inspección turística, llevan tiempo actuando con contundencia en la detección de pisos turísticos ilegales.

En este sentido, el Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por el Govern de Marga Prohens en octubre del año pasado, puso al alcance de los consells insulars la posibilidad de clausurar temporalmente las viviendas turísticas que operen sin permisos. Sin embargo, desde distintos sectores se insta a modificar la Ley de Turismo de Baleares y también la Ley de Actividades, para tipificar como infracciones el alquiler turístico ilegal.

IBIZA

El Consell d'Eivissa que preside Vicent Marí (PP) lleva mucho tiempo aplicando mano dura, lo que se ve reflejado en una notoria actividad sancionadora por parte del Departamento de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo.

La creación de una Oficina de Lucha contra el Intrusismo ha supuesto un antes y un después, como explica el vicepresidente del Consell d’Eivissa, Mariano Juan Colomar: “Desde la puesta en marcha de la Oficina ha cambiado el paradigma y, quien alquila ilegalmente, sabe que tarde o temprano se lo acabará descubriendo”.

Es así como se explica el aumento exponencial de sanciones que ha permitido recaudar en los últimos años más de 2 millones de euros en multas de ordenación turística, todo un récord que refleja la determinación de la institución insular pitiusa para poner coto al alquiler de pisos a turistas sin cumplir la Ley.

Sin embargo, desde el Consell d’Eivissa no se conforman con lo hecho hasta ahora y plantean la necesidad de ir un paso más allá. “Incorporamos en esta lucha a las policías locales de los ayuntamientos que, como es el caso de Ibiza, han mostrado una predisposición absoluta a sumar esfuerzos. Ahora, tenemos que ir una pasa más allá y seguir trabajando en una modificación legislativa que permita dar más margen de actuación a las policías municipales”, explica Mariano Juan.

El pasado martes, el Consell informó de que el portal de reservas Booking.com ha retirado un total de 35 anuncios de alquiler turístico ilegal en Ibiza que ya estaban publicados en su web, a iniciativa del Departamento de Ordenación Turística. Con esta retirada, Booking cumple con el acuerdo suscrito con la institución insular.

La mayoría de anuncios retirados pertenecían a viviendas plurifamiliares, algo prohibido. Otros anuncios correspondían a residencias que no cuentan con la declaración responsable del inicio de actividad turística o sin estar inscritos en el registro insular de empresas, actividades y establecimientos turísticos.

Mariano Juan explica que ya son cerca de 500 los anuncios retirados de redes sociales y también gracias al acuerdo suscrito con la plataforma Airbnb, pero reclama que “el Estado aplique las nuevas directivas europeas para proteger a los consumidores dentro del entorno digital, con garantías de seguridad y fiabilidad”.

El vicepresidente del Consell d’Eivissa explica que la nueva directiva europea establece que, si los proveedores de determinados servicios en línea detectan que se está haciendo difusión o comercialización de servicios ilegales, están obligados a adoptar medidas que van desde informar a las autoridades, hasta el cierre de la comercialización. “Una cuestión que desde el Consell d’Eivissa se quiere tratar con el Ministerio desde hace meses, pero aún no hemos obtenido respuesta”, ha lamentado Mariano Juan.

También se reclama que haya una nueva normativa para que también se puedan exigir responsabilidades a las propias plataformas comercializadoras, dado que las sentencias recaídas hasta el momento las amparan, como demuestra la sentencia del TSJIB de mayo de 2020, que da la razón a Airbnb en el recurso interpuesto contra el Govern por una multa de 300.000 euros impuesta en 2018.

MALLORCA

El Consell de Mallorca tiene abiertos alrededor de 650 expedientes de sanción por oferta turística ilegal, de los que 239 fueron incoados en el último medio año. Las sanciones podrían alcanzar los 17 millones de euros.

MENORCA

El Consell de Menorca, por su parte, abrió un formulario vía web a principios de año para la interposición de denuncias ciudadanas ante la sospecha de pisos de alquiler a turistas. Ya se han recibido doce denuncias y en nueve de ellas se detectó que había alquiler vacacional ilegal. En lo que va de 2024, el Consell de Menorca ha iniciado un total de 17 expedientes sancionadores por alquiler turístico ilegal.