Pedro Sánchez cuestiona la libertad de expresión y la libertad de prensa

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de continuar al frente del Ejecutivo, tras los cinco días de reflexión que decidió tomarse, al margen de muchas otras consideraciones, deja a muchos ciudadanos tranquilos ante la incertidumbre generada por el líder del PSOE. Pero tras su anuncio del pasado lunes, sin aceptar preguntas, y después de oír las declaraciones de Sánchez en dos entrevistas concedidas a TVE y Cadena Ser, los motivos de preocupación ante la actitud del presidente y algunos de sus argumentos, son reales y fundados.

La apertura de diligencias de investigación por parte de un juzgado de Madrid, a raíz de la denuncia presentada por Manos Limpias contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, está detrás de la reflexión del presidente sobre su continuidad en sus actuales responsabilidades. Pero tras decidir permanecer en el puesto y al autoproclamarse impulsor de una regeneración democrática para poner fin a la “política del fango”, que denuncia por parte de la oposición, el secretario general del PSOE ha situado a determinados medios de comunicación en su punto de mira.

Los denomina “pseudomedios” y les acusa, sin citarlos concretamente, de protagonizar una cacería despiadada contra él y su familia, publicando noticias falsas y bulos. Y abre la puerta a actuar, no se sabe de qué modo, para poner fin a lo que considera un ataque sin precedentes contra lo que él representa.

Si lo que se propone es limitar el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, reconocidos por la Constitución y pilares básicos de toda sociedad democrática, hay que alertar de lo peligroso que resulta para el Estado de Derecho cualquier iniciativa en esa dirección.

Si la publicación de informaciones sobre el escándalo Watergate en los Estados Unidos en la década de los 70, hubiese dependido del Gobierno, el presidente Richard Nixon jamás hubiese dejado la presidencia del país anticipadamente.

La Ley establece con nitidez los límites a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, si alguien considera que se han publicado noticias falsas, injuriosas, calumniosas o que atentan contra su intimidad o cualquier otro derecho constitucional. Y son los tribunales los encargados de determinar cuándo se ha vulnerado la Ley y, en su caso, de sancionar tales infracciones.

Si el presidente Sánchez y su mujer, consideran que se han publicado noticias falsas que les han causado perjuicio grave, deben acudir a los tribunales, como todo el mundo. Pero plantear restricciones o limitaciones a la actividad de medios de comunicación, es inaceptable y antidemocrático. Y por ese camino, el país no puede ir. Por más que Pedro Sánchez tenga la tentación de intentar evitar que se publiquen informaciones que él no desea que la ciudadanía conozca.