Las plantillas incompletas de la Guardia Civil, un problema persistente en Baleares

La seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Se trata de un elemento capital en toda sociedad democrática.

La Ley atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, integradas por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Sin embargo, para poder llevar a cabo tan importante labor, es imprescindible que las autoridades aseguren que las plantillas de ambos institutos armados son las adecuadas para el correcto desempeño de sus funciones.

A la vista de las sucesivas y periódicas convocatorias para cubrir vacantes de la Guardia Civil en Baleares, se constata la dificultad para que los efectivos de la Benemérita sean los establecidos en su catálogo de puestos de trabajo. En el último anuncio, se han convocado 292 vacantes, 207 para Mallorca, 12 para Menorca y 73 para las Pitiusas.

Se trata de una cifra que año tras año, va en aumento. Del mismo modo que va incrementándose el volumen de vacantes que quedan desiertas por falta de peticionarios para cubrirlas de forma voluntaria.

El problema tiene su origen en que los destinos de la Guardia Civil en Baleares son considerados poco atractivos y casi un destino de castigo, dada la insuficiente compensación de la insularidad que estos funcionarios reciben. Así, un agente destinado en Mallorca, Menorca, Ibiza o Formentera, comparado con un guardia destinado en Canarias, Ceuta, Melilla o la península, pierde dinero. Así de fácil y así de lamentable.

Hasta que el Gobierno de España no actúe incrementando el plus de insularidad que estos profesionales de la seguridad pública perciben, cuya cuantía lleva una década sin actualizar, será imposible lograr que Baleares sea un destino atractivo para ellos. Seguirán, por tanto, las plantillas de las unidades territoriales y de las especialidades de la Guardia Civil sin completar. Y continuará irremediablemente comprometida su eficacia por falta de personal.

Es de extrema urgencia que el Gobierno atienda la demanda de los sindicatos y asociaciones profesionales y mejore el plus de insularidad, de forma que obtener destino en Baleares no suponga un perjuicio para los funcionarios del Estado. Para ello, sería de agradecer un pronunciamiento mucho más claro y contundente por parte del máximo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma, el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal. Hasta ahora, su tibieza no contribuye en nada a dar tranquilidad sobre una pronta resolución del problema.