Lo hicimos de manera voluntaria

El Ministerio de Sanidad dice ahora que las vacunas contra la Covid-19 no fueron obligatorias sino voluntarias. Después de toda la presión mediática y social puesta en marcha, quien se vacunó durante la pandemia lo hizo con total libertad de decisión y porque quiso.

Papá Estado no debió verlo claro cuando no obligó a firmar a los médicos la habitual prescripción médica, como hace con miles de medicamentos. Sobre todo, con éste que iba a ser la cura de un mal a nivel mundial y con el que íbamos a salir más fuertes. De palabra todo, pero nadie firmó nada. No firmó ni el que “recomendó” de palabra ni el que ejecutó el mandato, inoculando.

En Galicia jugaron más fuerte. Allí se atrevieron a sancionar a quienes no se pincharan. Eso sí que adquiere tintes de obligatoriedad. Luego el Tribunal Constitucional le tumbó esas sanciones.

¿Podemos entonces pensar que solo es obligatorio lo que lleva anexa una sanción económica?

No se dejen engañar. Puede que, a excepción hecha de Galicia y por un tiempo, no hubiera sanción, pero sí hubo castigo y responsabilidad de la Administración.

La Administración gastó ingentes cantidades en campañas de vacunación para ejercer presión y mermar la libertad de elección a la que ahora aluden, autorizó que se implantara un infame pasaporte que distinguía entre ciudadanos de primera y de segunda prohibiendo a los no vacunados la entrada a hoteles, locales culturales, de ocio o a restaurantes. También prohibían viajar aunque fuera por necesidad.

En un ejercicio discriminatorio que atentaba contra la libre elección, la Administración permitió que las televisiones públicas y privadas (que son una concesión de la Administración) lanzaran a diario insultos y vejaciones para los que osaran no vacunarse. De oficio, nadie fue castigado. José Sacristán llamó “necio negacionista” a quien no estaba vacunado y le calificó de poco menos que asesino cuando afirmaba que esa decisión mataba a los demás. “Criminales, quedaos en casa, no jodáis más” decía David Cantero, presentador de informativos en Telecinco. “No vacunarse es un síntoma de estupidez” afirmaba Juan del Val, marido de Nuria Roca. El actor Antonio Resines espetó que “el que no se vacunaba era subnormal y que deberían ser metidos en la cárcel”. El presentador de Zapeando, Quique Peinado, llamó “Gilipollas, Anormales y Payasos” a los no vacunados. Berto Romero y Andreu Buenafuente querían que los no vacunados fueran llevados a un gulag o “ser quemados con un lanzallamas”. Ángel Exposito de COPE llamaba “enfermo de los microchips que no deberían ser atendidos si iban a la UCI”.

Pero lo que es peor, también lanzaron vejaciones algunos políticos, pagados por la Administración (o más concretamente por todos sus administrados, vacunados o no). Los ciudadanos podrían pensar que, debido a su cargo público, la vacunación podría tratarse de una norma obligatoria. Miguel Sebastián, ex Ministro de Industria y Turismo, exhortaba a la ciudadanía con afirmaciones como: “hacer la vida imposible a los no que no se quieran vacunar”. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, animaba a aislar a los que no se querían vacunar y que “había que obligarlos por lo civil o lo criminal”.

Por cierto, nadie pidió perdón.

Esa coacción minó la mente de las personas que no querían sentirse gilipollas, asesinos o ser quemados con un lanzallamas porque lo decían personajes públicos a los que pudieran tener cierta admiración previa.

La decisión de vacunarse no fue libre ni voluntaria como pretende hacernos creer el Ministerio de Sanidad. La voluntad estaba anulada por las amenazas de familiares, vecinos, opinadores de todo y políticos. Y, como digo, no había sanción económica por no vacunarse pero sí, castigo. El de ser ciudadano de segunda con menos derechos que los vacunados y ser señalado por el dedo por quienes se dejaron influir por opinadores de todo.

Pero este debate es más serio. Todo esto de si la vacunación fue voluntaria y obligatoria quedaría en anécdota si no fuera por el contexto en el que se produce esta situación.

Según el diario The Objective, el Ministerio de Sanidad a través de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) reconoce, por primera vez, una relación de causalidad entre la mal llamada vacuna de Moderna y la miocarditis grave.

Todo arrancó tras una demanda de la Asociación Liberum que, vistas las cifras de mortalidad excesiva y sin explicación publicadas por el Instituto de Salud Carlos III a través de su informe de Monitorización de Mortalidad diaria (MoMo) del que ya les hablé hace un tiempo, pidió una explicación a través del Portal de Transparencia al Ministerio de Sanidad.

Este organismo público había dado, con anterioridad, la callada por respuesta a pesar de lo escandaloso del dato. En el periodo que comprende entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2022, tuvieron lugar 117 muertes al día por causas inexplicadas, es decir, un 94% más que en el mismo periodo de 2019, año anterior a la pandemia.

La Administración está eludiendo su responsabilidad e intenta eliminar la relación de causalidad entre las lesiones producidas y el funcionamiento del servicio público que provocaría el pago de indemnizaciones millonarias.

Salimos más fuertes fue el eslogan del Ministerio de Sanidad tras la vacunación. Pues no. El sistema inmune y los corazones de muchos vacunados salieron más debilitados.

Papá Estado nunca lo vio claro y por eso no obligó a firmar a médicos que prescribían ni al personal sanitario que ejecutó la orden y pinchó. Vayan a la farmacia sin prescripción médica a comprar ciertos medicamentos con mucha menos relevancia y verán como no se los dispensan. A pesar de no verlo claro y con el regocijo de las farmacéuticas, gastó cientos de millones de euros en dosis de vacunas que excedían con creces la población española. De ellas, más de cien millones de dosis acabaron en la basura en 2023.

Aunque las instrucciones les venían de arriba, no eximo de responsabilidad al Gobierno de España. La Organización Mundial de la Salud, un organismo que no hemos elegido, obligó (también sin firma) a que los Estados vacunaran a sus administrados.

En un mes se votará el Tratado de Pandemias y con él si la OMS tendrá plenos poderes ante la futura pandemia que, por cierto, ya están anunciando. Dicen tener una vacuna para una pandemia que aún no ha llegado.

O son futurólogos y saben cómo será algo que aún no ha ocurrido o tendrán que ver en que ese evento futuro ocurra o quieren meternos más miedo para que les demos más poder.

Como conclusión les diría que estén atentos. Papá Estado también se equivoca en sus decisiones y, si vienen mal dadas, les volverá a dar la espalda.