Comisión Balear de Medio Ambiente: un pozo sin fondo

Sobreactúa la izquierda balear con la afortunada desaparición de la Comisión Balear de Medio Ambiente (CBMA). Nuevamente, tiran de argumentario simplón para intentar atacar a una Marga Prohens que se limita a cumplir con el programa político con el que ganó las elecciones. La simplificación administrativa no sólo es un clamor en la calle en general y, entre los operadores jurídicos en particular, sino que fue uno de los caballos de batalla por los que los ciudadanos confiaron en el PP el pasado mayo de 2023.

A pesar de los sollozos de los que hasta ahora habían controlado este organismo politizado y del todo prescindible, la realidad es que somos la única comunidad autónoma del país que tiene un organismo similar. Su tarea ha estado manchada por la constante arbitrariedad de sus resoluciones y, de modo todavía más sangrante, por su tardanza en resolver trámites aparentemente sencillos. Muchas han sido las familias que han desesperado esperando que su expediente se desencallara. Aún peor lo han pasado los chiringuitos que han visto desparecer sus terrazas por los informes carentes del menor rigor jurídico o técnico de esta comisión que vive sus últimas horas de vida.

La izquierda siempre ha sido cobarde a la hora de ejecutar su programa político. Por ello, con el fin de prohibir, han usado la manida estrategia de burocratizar hasta la saciedad y eternizar proyectos con informes sectoriales cuya utilidad es completamente nula. Esto ha sido así, salvo que las cámaras apunten hacia otro lado, como cuando en plena pandemia Armengol emitió un decreto que permitió a los hoteles aumentar un 15% su superficie por la cara.

Transformar la CBMA en un organismo unipersonal significa dotarlo de algo que hasta ahora no ha tenido: seguridad jurídica y un criterio uniforme. También supone extirpar los colectivos que mandaban sin que nadie les hubiera votado y acelerar procesos, simplificar trámites y ponerlos en manos de un profesional con un marcado perfil técnico como es el de Paz Andrade, una jurista brillante que asume una tarea de extraordinaria complejidad, pero que con su acreditada solvencia será capaz de enderezar un organismo que navegaba a la deriva.

En el PSIB y MÉS se rasgan las vestiduras porque sus satélites ya no controlarán un organismo contaminado. Toni Costa y Prohens dan cumplimiento a una esperanza compartida con todos aquellos que sufrimos la arbitrariedad y la lentitud de un órgano ahora se moderniza y optimiza sus recursos. Queda trabajo por hacer en materia urbanística y agraria en cuanto a simplificación administrativa se refiere, pero el ejecutivo autonómico parece tener trazado un camino muy claro que está dispuesto a discurrir sin complejos ni ataduras. Por mucho que lo repita la izquierda, no caigan en el error de pensar que simplificar es desproteger, sino que es dar aire e incentivos a los ciudadanos para que realicen sus proyectos de vida con arreglo a la Ley.