Fernando Rubio asegura que tanto el equipo de gobierno del Consell de Mallorca como el Govern balear "han establecido una serie de medidas que garantizan esa compatibilidad entre la protección territorial y el derecho constitucional de los ciudadanos a una vivienda digna".
"El Consell de Mallorca tiene el Plan Territorial, un instrumento importantísimo para planificar el desarrollo de nuestra isla, pero en la pasada legislatura se hizo la modificación 3ª de ese Plan que ha supuesto una serie de perjuicios a los ciudadanos. Lo que no se puede hacer es que éstos tengan una normativa que les permite desarrollar unos derechos urbanísticos y que, de la noche a la mañana, se queden sin esos derechos", apunta.
Rechaza además la crítica que se suele hacer al Partido Popular de que no protege el territorio. "Cuando cambias la normativa de la noche a la mañana lo que sucede es que las peticiones para edificar el suelo rústico se multiplican. De hecho, el 45 por ciento de las licencias en rústico concedidas en las últimas dos décadas se han registrado en los últimos ocho años, cuando ha gobernado la izquierda", asegura.
"La rigidez de la izquierda sobre territorio provoca más construcción en suelo rústico"
"Quiere transmitir el mensaje de que ellos protegen más, pero al final lo que hace es pisar intereses legítimos de los ciudadanos y provocar el efecto contrario, es decir, más licencias y más construcción en suelo rústico", señala el conseller insular de Territorio.
Para Fernando Rubio, "hemos visto una rigidez que no es sensata. Cuando una persona vive en una casa, por muy protegida que esté esa casa, tiene derecho de poder reformarla. Obviamente, si no está permitido no puede ampliarla, pero no se le puede impedir que haga cosas que son inherentes a la dignidad de la vivienda. Eso roza el absurdo".
El responsable insular de Territorio destaca también la importancia de la simplificación administrativa, especialmente en lo relativo a las licencias urbanísticas. "En algunos casos la situación es dramática. Estamos hablando de años para dar una licencia. Hay municipios que tienen más dificultades de otros por un déficit de recursos humanos y económicos, por tanto creo que hay que hacer las modificaciones normativas necesarias para revertir esa situación".
En ese sentido, y respecto a la Comisión Balear de Medio Ambiente, Fernando Rubio señala que este organismo "ha sido durante muchos años un obstáculo para muchos proyectos porque políticamente ha interesado". Por ello, señala que la Comisión o el futuro ente que la sustituirá "tiene que cumplir su función, que es una función técnica, y tiene que respetar la normativa, pero también tiene que atender a criterios de simplificación porque las cosas no se pueden eternizar".
MODIFICACIÓN 4ª DEL PLAN TERRITORIAL
Por otro lado, Fernando Rubio recuerda que en estos momentos el Consell de Mallorca está inmerso en la modificación 4ª del Plan Territorial, en la que se regularán los parques fotovoltaicos menores de cuatro hectáreas. La institución insular fijará la zonificación, pero la autorización para su instalación recaerá en los municipios.
"Lo que vamos a hacer es, con lo que tenemos redactado, ponernos en contacto con los ayuntamientos para que puedan hacer aportaciones. Lo que pretendía el Partido Socialista era que nosotros lleváramos la propuesta que ellos habían redactado sin prácticamente revisarla y hacer la aprobación inicial, pero creemos que es más razonable contactar con todos los municipios para que puedan valorar la iniciativa antes de la aprobación inicial", apunta Rubio.
Señala además el conseller insular del ramo que "muchas de las áreas incluidas en la modificación cuarta coincide con intereses agrarios, por lo que hemos considerado importante que la agricultura se posicione antes de que aprobemos inicialmente el plan", señala Rubio, quien recuerda que una vez se produzca la aprobación inicial se abrirá un periodo de exposición pública "en el que todo el mundo podrá opinar y alegar sobre este tema".