Una demostración más de la parcialidad de la Oficina Anticorrupción

El vicepresidente y portavoz del Govern de les Illes Balears ha criticado veladamente a la Oficina Anticorrupción de Baleares, en proceso de liquidación, al considerar “raro” que dicho organismo trasladase en noviembre de 2023 a la Fiscalía, una investigación que afectaba al Ayuntamiento de Campos, gobernado por el PP.

Hay que recordar que esa misma Oficina, dirigida desde mayo de 2022 por Cristóbal Milán, un exalto cargo socialista en el Govern de Francesc Antich y en el Ayuntamiento de Calvià siendo alcaldesa Margarita Nájera y más tarde con Alfonso Rodríguez, un mes antes de enviar el expediente a la Fiscalía, en octubre del año pasado, filtró a un periódico la existencia de la investigación, lo que motivó la presentación por parte del PP de un proyecto de ley para suprimir este organismo, que ya suscitaba intensas críticas desde el Govern de Marga Prohens.

Es auténticamente alarmante cómo pudo alcanzar tales niveles de politización y partidismo un organismo público cuya misión era velar por la transparencia y la integridad en la Administración Pública.

La actuación de la Oficina Anticorrupción en este asunto que afecta a Campos demuestra, una vez más, un descarado e inaceptable sesgo partidista en sus decisiones, incluyendo la filtración interesada de investigaciones en curso para dañar la presunción de inocencia de los afectados. Esto socava la confianza en su imparcialidad y suscita dudas sobre su capacidad para cumplir con su deber de manera objetiva, lo que no hace sino confirmar lo acertado de su eliminación.

Los responsables de la Oficina Anticorrupción tomaron decisiones influenciadas por intereses políticos en lugar de por la búsqueda de la verdad y la justicia. Su politización no sólo perjudicó su credibilidad, sino que también debilitó los esfuerzos por erradicar toda práctica corrupta.

Cuando la prioridad parece ser la defensa de intereses partidistas en lugar del interés público, se socava el estado de derecho y se fomenta la impunidad, pues es imprescindible que toda institución de garantizar la transparencia y combatir la corrupción, actúe con independencia y objetividad, algo de lo que la Oficina Anticorrupción de Cristóbal Milán se alejó descarada y deliberadamente.