Baleares necesita 35.000 viviendas más para cubrir la demanda de la población

La Asciación de Constructores de Baleares considera que "durante los próximos 13 años deberíamos ser capaces de poner en el mercado para alquiler y venta del orden de 10.300 viviendas anuales para equilibrar demanda y oferta". En ese sentido, recuerdan que actualmente están visando unas 3.300 viviendas anuales, mientras en una época de máximos como fue 2007, se visaban 15.000 viviendas.

Su informe confirma que "nunca se ha creado tan poca vivienda como en la actualidad (a excepción de la crisis inmobiliaria) , a pesar de vivir una emergencia habitacional". En concreto, en Mallorca se construye un 10 por ciento de las viviendas plurifamiliares que se construían en la época de máximos. En ese sentido, "la convivencia en Palma y Calviá de dos planes generales hasta la aprobación definitiva del nuevo PGOU desanima la inversión y dificulta el desarrollo del suelo urbanizable programado".

En cuanto a las VPO, los constructores indican que en 2023 se visaron 47 unidades por parte del Colegio de Arquitectos, todas ellas en Mallorca, lo que supone un descenso del 50 por ciento y una cifra "insuficiente para atender la demanda actual". Por ello, insta al Govern a "aumentar la construcción de vivienda social y la colaboración público-privada para propiciar unas condiciones óptimas para la construcción de VPO por parte del sector privado".

LOS AYUNTAMIENTOS NO APROVECHAN LAS MEDIDAS

Los constructores muestran también su "decepción" por ver cómo la mayoría de los ayuntamientos "no están aprovechando las medidas recogidas en el decreto de emergencia de vivienda, que ahora se tramita como ley, para obtener un mayor aprovechamiento del suelo ya urbano, sin consumir nuevo territorio".

Pero además, "se sigue agravando la imposibilidad de sacar vivienda asequible al mercado por la escasez de suelo y su precio". Por ello, a su juicio, el primer paso fundamental es agilizar toda la tramitación de suelos urbanizables que están previstos. La necesidad, en plena emergencia habitacional, es ahora y no dentro de 10 años".

Desde el punto de vista fiscal, los constructores proponen "implantar bonificaciones del ITP y el IBI por la compra de la vivienda habitual y desgravaciones a los propietarios que pongan vivienda en alquiler a precios asequibles".

Por otro lado, los constructores muestran su "preocupación" por la significativa caída que registró la obra pública en 2023, del 42,11 por ciento respecto al año anterior, la segunda mayor de toda España. A ello se suma la gran cantidad de licitaciones de obra pública que quedan desiertas por precios excesivamente bajos, lo que, "sumado a la negativa de las administraciones, principalmente ayuntamientos, a tramitar las solicitudes de revisión de precios, ponen en peligro la ejecución de obras con fondos europeos".

SEGUIRÁ LA CASCADA DE LICITACIONES DESIERTAS

Así, aunque esperan que en 2024 se puedan remontar esas cifras en pos de la "sostenibilidad y viabilidad económica de las empresas y el mantenimiento de puestos de trabajo", la previsión de los constructores es que continúen "la cascada de licitaciones desiertas por falta de actualización de los precios".

Por ello, a falta de un mecanismo de estabilización de los contratos y de revisión de precios, piden volver "urgentemente al modelo de contratación pública anterior a 2015", que, a su juicio, "recogía fidedignamente los sobrecostes y las rebajas de precios de materiales y energía".

En cuanto a la ocupación dentro del sector, los constructores subrayan que "estamos en cifras que no se alcanzaban desde el 2008, superando los 60 mil trabajadores. Esto da testimonio de la solvencia de un sector que ha sido motor y palanca durante la pandemia a pesar de no recibir ayudas públicas".

GRAVE ESCASEZ DE MANO DE OBRA

Sin embargo, "seguimos con un grave problema para encontrar mano de obra cualificada y sin cualificar". Así, subrayan que "muchas empresas podrían asumir más obras si pudieran aumentar sus plantillas". Por ello, a su juicio, el sector necesita "potenciar la incorporación de las mujeres y de los jóvenes, que son el relevo generacional del sector".

Asimismo, consideran "imprescindible potenciar la formación a través de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC)", que anualmente forma en Baleares a más de 3.600 trabajadores. Para ello, proponen "una colaboración directa con el SOIB para recualificar e incentivar la incorporación de personas trabajadoras de aquí por las dificultades de traer gente de fuera por el problema de la vivienda". Recuerdan también que el SOIB tiene actualmente registrados 3.600 parados en el sector de la Construcción, "mientras las empresas están desesperadas por encontrar personal".

Finalmente, la Asociación de Constructores de Baleares considera "imprescindible" dar mayor impulso a las ayudas europeas destinadas a la Rehabilitación Energética de edificios y viviendas cuya solicitud termina el 31 de diciembre de 2024.

"La mitad de los edificios de Baleares tienen la calificación energética F o G, las más bajas", apuntan. Por ello consideran que las ayudas europeas representan "una oportunidad única con subvenciones que pueden llegar al 80 por ciento del proyecto y recursos que se van perder o destinar a otras CCAA si no se ejecutan".