Luz verde a la ley que controlará el patrimonio y las actividades de los cargos públicos

La aprobación de la norma ya supone, en el momento de su publicación en el BOIB, la supresión del cargo de director, que hasta ahora ejercía Tòfol Milan, que ha acudido a la sesión plenaria de la Cámara. Con esta medida, Baleares se convierte en la primera Comunidad Autónoma que elimina un organismo de estas características.

Al margen de la eliminación de la Oficina, la norma contempla que las declaraciones de patrimonio y actividades de los altos cargos pasarán a ser parcialmente confidenciales y que las denuncias no podrán presentarse amparándose en el anonimato.

De momento, será un ente dependiente de la Conselleria de Presidencia quien custodie los expedientes que están en tramitación, aunque el texto ya avisa de que se declarará la caducidad de los procedimientos en curso que superen el plazo de seis meses o un máximo de nueve para los que estén prorrogados, a contar desde el inicio de las actuaciones y procediendo al archivo.

REGISTRO DE TRANSPARENCIA

La norma crea el Registro de Transparencia como órgano administrativo adscrito al Parlament y la Mesa, que será la encargada de adoptar las medidas pertinentes en relación a los recursos materiales y humanos que sean necesarios para el buen funcionamiento. Este registro, dice la ley, tendrá carácter reservado y, además, cualquier acceso quedará registrado. Toda la oposición ha coincidido en calificar la norma como una chapuza y en alertar del desamparo en el que quedan los ciudadanos al eliminarse la garantía del anonimato, de la falta de personal del organismo encargado ahora de custodiar y tramitar expedientes y del hecho de que las declaraciones de bienes y actividades de los cargos públicos ya no serán accesibles.

El PSIB, que ha criticado que el Govern se convierta en juez y parte, ya ha anunciado que estudia la posibilidad de recurrir la norma al Tribunal Constitucional (TC) y ha acusado al PP de actuar "por venganza" y a la presidenta del Govern, Marga Prohens, "de no soportar que se investigara la trama de Campos en la que podría estar implicada ella y sus familiares".

El portavoz adjunto de la formación, Marc Pons, ha alertado de que la ley va más allá de la eliminación de la Oficina Anticorrupción y que suprime el régimen sancionador, incrementando la sensación de "impunidad total". Para el socialista, al eliminar las sanciones "da igual" falsear el registro de bienes y actividades. Pons ha opinado que si el PP cree que la Oficina no funcionaba correctamente, se podía cambiar, que no hacía falta eliminarla. "Por esa regla de tres de eliminar lo que no funciona, habría que eliminar el Govern", ha señalado.

El diputado del PP Mauricio Rovira, que ha defendido la proposición, ha criticado que el PSIB emplee "casos de corrupción de hace muchos años" para atacar al PP y defender la vigencia de lo que ha llamado "oficina socialista de persecución de la oposición". El 'popular' ha asegurado que las declaraciones de bienes y actividades seguirán siendo "obligatorias y accesibles". El diputado del PP también ha recordado, recurriendo a la ironía, que la Oficina "no fue especialmente brillante" en materia de prevención en relación al caso Koldo y la compra de mascarillas.

"Algunos no se asustaron mucho a la hora de cumplir órdenes para saltarse procedimientos, a la hora de realizar compras con empresas recomendadas por altos cargos, a la hora de olvidarse de reclamar por productos de mala e inferior calidad de lo comprado, para agilizar su pago a pesar de todo, para certificar que todo era correcto cuando no lo era, para intentar colárselo a la Unión Europea y olvidarse de devolver el producto y dejarlo caducar, para no reclamar el dinero pagado con tanta agilidad", ha señalado.

Rovira ha defendido la aprobación de la ley para lograr una administración más sostenible y eficiente que controle los cargos publicos, pero evitando el gasto actual. Cabe recordar que los Presupuestos autonómicos de este año ya contemplan destinar a la Oficina una partida de 50.000 euros lejos de los 1,5 millones destinados anteriormente.

Por su parte, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha reiterado las críticas de "duplicidad, ineficacia y parcialidad" de la Oficina Anticorrupción y ha asegurado que su deseo hubiera sido emplear la figura del decreto para cerrarla "en el primer minuto".