Los chiringuitos podrán reabrir con terrazas pero temen más prohibiciones del Gobierno central

Desde la Asociación de Empresarios de Concesiones y Explotaciones de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo-Terrestre de Mallorca (ADOPUMA) afrontan un verano con menos incertidumbre tras el traspaso de Costas a Baleares hace ya más de un año, aunque no se hizo efectivo hasta después de las elecciones, en julio, ya arrancada la temporada, y en unas condiciones caóticas que no evitaron un verano más el cierre de las terrazas de los tres chiringuitos afectados de ses Casetes des Capellans, en Platja de Muro: Can Gavella, La Ponderosa y Olimpia Opa & Oma.

Ahora, pese a que, según denunció el conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, en entrevista a este digital, la Dirección de Costas pasó a manos del Govern "totalmente desmantelada", con más de 2.000 expedientes sin resolver -sobre lo que aseguran continúan trabajando - Demaración de Costas de Baleares explica que está haciendo "todo lo posible para autorizar los permisos de ocupación temporal para las terrazas" tras la caducidad del expediente. El objetivo es "aliviar la incertidumbre de los empresarios y subrayar la importancia de estas áreas como "puntos de encuentro social y turístico". El espacio, eso sí, lo delimita el Estado.

Estas autorizaciones se renuevan cada cuatro años y para 2021 se negociaba una nueva prórroga que finalmente fue rechazada por Costas - entonces en manos de Madrid- a raíz de los informes elaborados desde la Conselleria de Medi Ambient y Territori que delimita algunos criterios generales a las instalaciones y sugiere que a todos los establecimientos de comida o bebida que se extiendan por suelo público deberá separarlos, como mínimo, unos 200 metros. El requisito ya existía la última vez que tocó renovar las licencias, pero por algún motivo no se aplicó entonces.

El asunto reside en el hecho de que Costas no autorizó a abrir las terrazas hasta que se aprobase el nuevo deslinde, para lo que podrían pasar años. Si sale adelante como está previsto, Costas podría incluso ordenar el derribo de todos los restaurantes.

AMENAZA DE DEMOLICIONES

Pese al traspaso, el Gobierno central sigue teniendo la última palabra en cuanto al dominio público. Desde la Conselleria relatan a mallorcadiario.com la voluntad de avanzar hacia una mayor autonomía en la gestión de estas cuestiones, señalando la importancia de que las decisiones sobre el dominio público y las instalaciones permitidas recaigan en manos locales ."Deberíamos tener competencia para fijar hasta dónde llega el dominio público. Desde la Dirección General se otorgan las concesiones temporales de uso, pero el dominio público lo determina el Estado. Lo que pedimos desde la Conselleria es plena autonomía al Ministerio para que sea el Govern quien determine el dominio público y las instalaciones permitidas, además de poder gestionar también las tasas”.

La situación afecta a los ubicados en la Playa de Muro, pero el resto, según explican desde ADOPUMA, o bien todavía no han caducado sus expedientes o tienen una prórroga. El pasado sábado ya abrió sus puertas el ubicado en Cala Mayor, uniéndose al de Camp de Mar, y esta semana, junto a los de Muro, abrirán también en Sóller. Sin embargo, la incertidumbre continúa presente por las intenciones y el criterio del Gobierno central, quien mantiene, además de la recaudación por las licencias (el canon anual), la potestad de emitir un informe sobre las decisiones del Govern que, si es desfavorable, obliga a una negociación entre ambas administraciones.

Es decirr, a partir de ahora, las 'autorizaciones' de hasta 4 años son otorgadas directamente por la Conselleria de la Mar, pero las 'concesiones' requieren un informe previo de la Demarcación de Costas o del Ministerio. Por tanto, el Gobierno tiene la última palabra en cuanto a las decisiones que tome el Govern y en caso de no emitir un informe favorable, se abre un periodo de negociación que alargaría todavía más el proceso burocrático.

Por tanto, no está asegurada la continuidad de chiringuitos como el Bungalow, que ya tienen la orden de demolición. Si otros como los de Ses Casetes des Capellans en Muro se incluyen en el nuevo deslinde previsto para la zona, también podrían acabar derribados.

Este asunto está ahora en el aire debido a que el Tribunal Supremo ha tumbado la modificación del reglamento de la Ley de Costas por saltarse el trámite de consulta pública, pero desde ADOPUMA alertan que el Gobierno tiene dos meses para resolver el problema y tramitarlo de nuevo. Los chiringuitos piden que se quede el de 2014, elaborado por Mariano Rajoy. Sánchez cambió el reglamento y las condiciones por las que debían regirse los chiringuitos suponiendo restricciones en las infraestructuras.

Además de los chiringuitos, el deslinde de Costas dejaría a unas 22 casitas de veraneo dentro del dominio público.

"EL TRASPASO HA SUPUESTO MÁS BUROCRACIA"

Los chiringuitos califican por ello el traspaso de Costas como "un regalo envenenado" ya que además de que "no asegura nada y su futuro pende de un hilo" ha supuesto uan duplicidad: "ha creado más burocracia y problemas, no están saliendo las autorizaciones".

El Govern reclama más autonomía, y para ello trabaja en la futura Ley de Costas autonómica "para compatibilizar lo ya ejecutado con la presencia y acción del hombre" sin construir nada nuevo en zonas sensibles.