El SAMU 061 se considerará autoridad sanitaria en la actividad de urgencia

Así lo dispone un decreto aprobado este viernes por el Consell de Govern, según ha informado la consellera de Salud, Manuela García. "Lo que no puede suceder es que estemos en un accidente de tráfico en Vía Cintura y aparezcan diez [ambulancias], cuando hay un infarto cerca en otra zona y no se esté atendiendo con la debida rapidez", ha expuesto García.

Por otra parte, el mismo decreto también habilita una red de centros de apoyo para poder derivar a pacientes extranjeros a la sanidad privada en casos de emergencia.

Según el Govern, estas medidas contribuirán a descongestionar los servicios de urgencias, especialmente en verano. La consellera ha remarcado que la llegada de turistas -fueron 14,4 millones la temporada del año pasado- implica una presión asistencial cada vez más elevada para las infraestructuras sanitarias, lo que "hace cada vez más necesario incorporar nuevas modalidades de gestión compartida".

AUTORIDAD SANITARIA

Con este decreto, la gerencia de atención de urgencias SAMU 061 será el órgano único de dirección de la asistencia sanitaria urgente y emergente, competente para coordinar a cualquier agente que intervenga en la atención extrahospitalaria. En caso de que una actuación se realice en el marco de la activación de un plan de emergencias de la Comunidad, se realizará de forma coordinada con la Dirección General de Emergencias.

"Lo que se intenta es que de cualquier dispositivo de ambulancias que esté dentro del territorio balear tenga conocimiento la gerencia del 061 sobre cómo se encuentra. De esa manera, si aparece una patología como un ictus o un infarto, sabremos realmente con qué medios contamos, no sólo con los propios medios de la sanidad pública, sino también otras ambulancias que estén cerca o contratadas por ayuntamientos", ha ejemplificado García.

De este modo, el SAMU será el responsable de coordinar los procesos de atención extrahospitalaria respecto a pacientes en una situación donde el tiempo de respuesta es vital (ictus, paro cardiorrespiratorio, traumatismo grave, etc.). Por otra parte, también decidirá el centro hospitalario de destino del paciente y el medio de transporte sanitario, en atención a criterios asistenciales.

Las unidades de transporte que operen en virtud de un contrato con una administración pública o en un espacio público deben identificarse e informar al SAMU 061 del operativo. En el caso de eventos privados con mucha presencia de personas (conciertos, macrofiestas, etc), en los que por ley deba activarse un dispositivo de ambulancias o personal sanitario, estos recursos deberán comunicarse al SAMU 061 y el 112. Igualmente, deberá habilitarse un canal de comunicación directa.

En caso de coincidir dos o más unidades de transporte sanitario en una misma asistencia, será el primer médico del SAMU 061 en llegar al lugar del incidente quien ejerza el mando sanitario de la situación. Cualquier incumplimiento de la normativa supondrá una infracción que puede derivar en multas de 500 a 50.000 euros.

ATENCIÓN A EXTRANJEROS

Además, el decreto crea una Red de Centros y Servicios Sanitarios de Apoyo a la Asistencia Urgente y Emergente, donde entidades sanitarias adheridas podrán ofrecer asistencia sanitaria urgente y emergente --de ámbito hospitalario o sin internamiento-- a ciudadanos comunitarios y británicos.

Para ello, los centros deberán cumplir una serie de requisitos y los pacientes tendrán que disponer de tarjeta sanitaria europea en vigor y carecer de seguro privado.

Salud también podrá habilitar de forma expresa y específica determinados centros y servicios sanitarios privados para ofrecer atención en procesos de especial relevancia, como ictus, infartos y atención a traumas graves.

En el caso de transferir a un paciente del Ibsalut a alguno de los operadores privados o al revés, con la transmisión debe aportarse toda la información clínica necesaria. Estas asistencias se financiarán de conformidad con los precios públicos en vigor.

La financiación de estas asistencias estará limitada al 65% de los precios públicos de acuerdo con las prestaciones que efectivamente hayan realizado, con las revisiones y comprobaciones oportunas del IbSalut; el 35% por ciento restante corresponde a los gastos que el IbSalut debe asumir para llevar a cabo las labores de gestión. La disposición estará en vigor un año a contar desde la publicación del decreto.