El Govern inicia una nueva vía para reclamar los 3,9 millones de las mascarillas fake de Koldo

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y el director general del IBSalut, Javier Ureña, han dado cuenta este jueves de las novedades existentes en torno al estándalo de las mascarillas vendidas a la CAIB por la empresa de Koldo García.

Así, ambos han asegurado que el Ejecutivo está desplegando todas las opciones legales existentes para "resarcir a los ciudadanos por el montante total de la operación". Es decir, recuperar para las arcas públicas los 3,9 millones de la operación: 3,7 millones del coste de las mascarillas y unos 200.000 euros de transporte y de la asistencia técnica habitual en este tipo de contratos.

Por ello, el Govern ha decidido desistir del primer procedimiento administrativo iniciado nada más conocerse el caso para abrir uno segundo con más garantías de éxito. Asimismo, ha seguido avanzando en su intento por que Baleares pueda personarse como perjudicado en el caso, cuestión que solo está pendiente ahora de un visto bueno de Bruselas que el Ejecutivo da por seguro.

Javier Urueña ha explicado que tras un nuevo análisis del expediente, motivado por el goteo de informaciones que van surgiendo, "hemos abierto una nueva vía administrativa para reclamar a la empresa el importe de la compra de las mascarillas, de 3,7 millones". Pero a esa cantidad hay que agregarle unos 200.000 euros de transporte y de la asistencia técnica que suele acompañar a este tipo de procedimientos.

NULIDAD DEL CONTRATO

Así, la nueva vía administrativa estará sustentada sobre la nulidad del contrato firmado entre las partes, ya que, según los servicios jurídicos y a la luz de los requisitos marcados por la Ley de Contratos del Sector Público, a la empresa de Koldo García le faltaba tanto capacidad de obrar, como solvencia económica y solvencia técnica para poder considerar válido el contrato.

Urueña ha precisado que en situaciones como la falta de material sanitario que sufría Baleares "se pueden tramitar contratos de urgencia, pero no se puede adjudicar un contrato de compra de material sanitario a una empresa que no tiene ni la capacidad ni el objeto social acorde para poderse adjudicar un contrato de ese tipo. Esto supone que falta un requisito fundamental que hace nulo el contrato".

Asimismo, Javier Urueña ha explicado que se ha acordado desistir del anterior procedimiento, que reclamaba 2,6 millones de euros, "porque tenía pocos visos de prosperar".

El Govern ha comunicado en la mañana de este jueves la apertura del nuevo procedimiento a la empresa, que tiene ahora diez días para presentar posibles alegaciones en el marco de un procedimiento administrativo que tiene una duración total de 6 meses.

Por otro lado, el Ejecutivo matiene su avance en el ámbito penal de este escándalo, a pesar de que el pasado viernes, la Audiencia Nacional volvió a negar a Baleares la posibilidad de personarse en la causa como parte afectada.

A LA ESPERA DEL VISTO BUENO DE BRUSELAS

En ese sentido, Antoni Costa ha indicado que el juez alegó en su rechazo que no le constaba documentalmente que el gasto realizado por las mascarillas haya sido descertificado por Bruselas. Los esfuerzos del Govern se han centrado en las últimas semanas en conseguir precisamente el visto bueno de Bruselas a esa descertificación, algo que Costa ha dado por hecho. "No sé qué tendría que alegar Europa para no aceptar la descertificación, porque nos estamos basando en los protocolos de certificación de los fondos Feder", ha precisado.

Costa ha recordado que el Govern puso en marcha hace tres semanas el expediente de descertificación del gasto, que ya ha sido aceptado por la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda. Éste a su vez, ha comunicado ya a Bruselas su conformidad a la descertificación.

Por ello, el Govern de Marga Prohens está ahora a la espera de que las instancias comunitarias acepten la descertificación, que supondría que los 3,9 millones de euros recaerían sobre las cuentas de Baleares y no las de Bruselas, tal y como pasaría sin esa descertificación. Así, el archipiélago podrá personarse en la causa penal como perjudicado por la trama urdida por Koldo García.