Las cartas de Marta Vidal

El ejecutivo de Prohens dará cumplimiento a uno de los compromisos electorales que más escuecen en la bancada de la oposición. Este digital desveló que el Govern Balear ultima un decreto de simplificación administrativa que permitirá la legalización de edificaciones en situación de fuera de ordenación cuya infracción urbanística haya prescrito. Esta medida recupera los efectos de la disposición transitoria nº10 que en su momento promovió Gabriel Company con la Ley de Ordenación y Usos del Suelo (LOUS).

A pesar de la sobreactuación que ya preparan el PSIB y MÉS, esta medida no implica la construcción de un solo palmo más de territorio, sino que da salida a un problema muy extendido en el suelo rústico del que se nutrirán los distintos ayuntamientos. Es decir, salen ganando propietarios y administraciones. Lejos de motivar la especulación o proteger al infractor (como intentará hacer entender la izquierda con sus habituales técnicas de intoxicación) los mayores beneficiarios de esta medida serán los hijos y los nietos de los propietarios que hace décadas convirtieron un corral en un apartamento para sus hijos o construyeron su vivienda familiar sin tramitar la licencia.

En torno a mil quinientas legalizaciones fueron las que se produjeron durante los tres años que la LOUS las permitió, regando las arcas municipales con suculentos impuestos que permitieron impulsar muchos proyectos municipales. A pesar del avance que supondrá esta norma, es verdad que tanto este decreto que verá la luz en abril, como la futura Ley de territorio que derogará la LUIB deben ir mucho más allá para dar una solución técnica y jurídica a un asunto que se ha politizado y pervertido en exceso: la gestión urbanística.

Si bien es cierto que en los mentideros se da por hecho que la consellera Marta Vidal será uno de los nombres que caerán con la futura remodelación del gobierno prepara Prohens, la todavía titular de la cartera de territorio debe irse habiendo hecho los deberes, dejando un nuevo legado legislativo que aporte seguridad jurídica, certidumbre y claridad en materia urbanística.