Cuatro detenidos por hacerse pasar por funcionarios para quitar multas urbanísticas

Bajo la falsa promesa de librarse de altas multas urbanísticas impuestas por la Agencia de Defensa del Territori de Mallorca (ADT) han conseguido estafar más de 370.000 euros a varias personas. Las víctimas, además del pago en vano, han tenido que verse sometidas a embargos e intereses de demora, además de no poder beneficiarse de las posibles reducciones en la cuantía por pago adelantado, ya que los detenidos, durante toda la tramitación de los expedientes, les aseguraban que no se preocupasen, que iban a poder anular las sanciones y las víctimas se desentendieron del asunto.

La Policía Nacional ha detenido a los cuatro integrantes, que se hacían pasar por funcionarios del Consell de Mallorca, y por ende "tener contactos en la ADT", asegurando la eliminación de las sanciones por infracciones urbanísticas.

ORGANIZACIÓN DE LA TRAMA

La investigación se inició como consecuencia de una denuncia interpuesta por una de las víctimas, que a través de unos conocidos suyos, se puso en contacto con uno de los presuntos implicados en la trama, quién ejercía fundamentalmente las funciones de captador y de recaudador.

Esta persona realizaba la entrega el dinero recibido a otro de los detenidos quien, a su vez, sería el encargado de gestionar el asunto con el contacto que aseguraba tener dentro de la ADT.

Otro de los detenidos, que además es arquitecto , llevó a cabo algunas gestiones de trámite ante la Administración a fin de aparentar que el dinero invertido por las víctimas se estaba dedicando a obtener la cancelación de la sanción. Sin embargo, tras analizar los expedientes , la Policía pudo comprobar que las sanciones ya eran firmes y ya no cabía recurso alguno.

El tercer arrestado habría utilizado una cuenta bancaria a nombre de una mercantil de la que es administrador único para captar dinero de las víctimas.

El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, quienes han llevado la investigación, han concluido que los detenidos se habrían aprovechado de la situación límite, tanto económica como mental, a la que estaban sometidas las víctimas para convencerlas para que realizasen los pagos que estos le solicitaban, dado que alguna de las sanciones impuestas alcanzaba, además del derribo total de las obras realizadas, el pago de una multa de más de 500.000 euros.