El Govern permitirá legalizar construcciones en suelo rústico que hayan prescrito

El decreto ley de simplificación administrativa que ultima el Govern y que está previsto que sea aprobado en Consell de Govern en el mes de abril, contemplará una "amnistía urbanística" para edificaciones existentes en suelo rústico, construidas antes de 1991 y, por tanto, cuya infracción esté prescrita.

Según ha podido saber mallorcadiario.com, el Govern de Marga Prohens recuperará el texto de la disposición transitoria décima de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del Suelo (LOUS). Aquella disposición, impulsada por el entonces conseller de Territorio Gabriel Company durante la presidencia de José Ramón Bauzá, concedió un plazo de tres años para legalizar edificaciones en suelo rústico cuya infracción y demolición estuviera prescrita, cumpliendo una serie de requisitos relativos a la eficiencia energética y la sostenibilidad, y tras el abono en el ayuntamiento correspondiente de una cuantía variable, dependiendo del coste de la obra a legalizar.

La citada norma fue derogada en 2016 por los partidos del Pacte (PSOE, Més per Mallorca y Més per Menorca), durante la presidencia del Govern de Francina Armengol, con el apoyo de Podem y Gent per Formentera.

La legalización de las construcciones en rústico fuera de ordenación supondrá una importante fuente de ingresos para los ayuntamientos donde estén ubicadas, y es una medida excepcional para dar salida a las edificaciones cuya infracción ya esté prescrita y, por tanto, no pueden ser demolidas ni sancionadas.

Entre 2014 y 2015 fueron 1.479 las edificaciones en suelo rústico que pudieron ser legalizadas a través del procedimiento extraordinario de incorporación a la ordenación de edificaciones existentes previsto en la LOUS, lo que supuso recaudar más de 184 millones de euros.

Cabe recordar que el programa electoral del PP de Baleares, dentro del bloqe de medidas de Vivienda y concretamente dentro del eje de medidas de simplificación administrativa, figura la incorporación a la ordenación de construcciones fuera de ordenación, siempre que sea a cambio de rehabilitar el inmueble con medidas de eficiencia energética e hídrica; y el pago de la sanción que proceda, cuya recaudación debe ser finalista en el ámbito medioambiental o de promoción de suelo público.

COMISIÓN BALEAR DE MEDIO AMBIENTE

Como ya avanzó este digital, el decreto ley de simplificación administrativa reformará drásticamente el funcionamiento de la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares (CMAIB), convirtiéndola en un órgano unipersonal más de la Administración autonómica, asimilado a una dirección general de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

La elaboración del futuro decreto ley es responsabilidad del vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa. Su departamento trabaja intensamente para que el Consell de Govern pueda aprobar la norma, de notable complejidad técnica, en el plazo indicado por la presidenta Marga Prohens, o si ello no fuera posible, en la primera quincena de abril.

Una vez aprobado, es intención del Ejecutivo que se tramite en el Parlament como proyecto de ley, dotado en los Presupuestos de la CAIB con cinco millones de euros del fondo de insularidad.