Once comisiones de investigación en 41 años para atizar el debate político

La primera comisión de investigación se constituyó en el año 1983, sobre “presunta importación y distribución clandestina de carne en esta comunidad”.

ZEUS Y TORCAL

Al año siguiente, en 1984 (I Legislatura), se constituyó la comisión de investigación “sobre las vinculaciones del presidente de la CAIB con Torcal SL y Promociones Zeus SA. Se trató de un presunto caso de corrupción denunciado por el PSIB-PSOE, que afectó al entonces recientemente elegido presidente del Govern, Gabriel Cañellas. Se investigó la relación de las citadas empresas con el presidente Cañellas, ya que habían resultado adjudicatarias de obras de reforma en varios edificios del Govern. Cañellas se justificó con el argumento de que había vendido las acciones de aquellas sociedades, aunque en los archivos de la Seguridad Social aún figuraba como administrador en una de ellas.

CLADERA

En el año 1988 (II Legislatura) fue constituida la comisión de investigación sobre posibles vinculaciones entre las actividades privadas y públicas del conseller de Turismo, Jaime Cladera (1983-1993), –quien entre 2010 y 2012 también fue presidente del RCD Mallorca–, en la tramitación de los expedientes de la Conselleria de Turismo.

Ese mismo año también se creó la comisión de investigación y estudio sobre la problemática de las toxicomanías.

MAPAU

Once años más tarde, en diciembre de 1999, ya en la V Legislatura, la primera del Pacto de Progreso bajo la presidencia del socialista Francesc Antich, se constituyó la comisión de investigación “sobre posibles irregularidades en el empadronamiento de ciudadanos no residentes en las Islas Baleares”. Entonces se investigó el censo de 90 argentinos en la isla de Formentera a través de un trabajador de origen balear del Consulado de Santa Fe que a la vez era presidente del Centro de Balears en aquella ciudad.

En noviembre de 2001, la comisión concluyó que el Govern de Jaume Matas “proyectó, organizó y financió una trama dedicada a captar ilegalmente, con recursos públicos, el voto de inmigrantes especialmente en Argentina y Venezuela, de cara a las elecciones autonómicas de 1999”. Los partidos del Pacto de izquierdas votaron a favor del dictamen y el PP votó en contra.

En 2014, tres funcionarios fueron condenados por falsedad en documento público a penas menores que no conllevaron prisión, por contratar irregularmente a María de la Pau Segura como traductora del Instituto Balear de Desarrollo Industrial, aunque en realidad se dedicó a trabajar de enlace entre las casas de Baleares de Sudamérica y el Govern Matas.

IBATUR

También en 1999 se constituyó la comisión de investigación sobre “los sistemas de contratación que sigue y ha seguido la empresa pública Institut Balear de Promoció del Turisme (Ibatur)”.

Se trataba de arrojar luz sobre contrataciones de personal en aquel ente siendo conseller de Turismo el socialista Celestí Alomar, aunque la investigación alcanzó a las efectuadas durante el mandato del PP.

Las conclusiones alcanzadas por la comisión fueron las presentadas por los partidos del Pacte de Progrés, con la oposición del voto particular del PP. El dictamen de la izquierda determinó que el Govern de Matas contrató “por contacto directo”, hallando ciertos gastos “que no presentan la adecuada justificación”, como un viaje a México en 1998. Sin embargo, el PP denunció que durante la gestión de Antich y Alomar, se contrató a tres personas a dedo y luego se convocó un concurso para cubrir las plazas.

En el año 2000 (V Legislatura), se creó la comisión de investigación sobre adquisición de fincas y terrenos por parte de la administración autonómica.

SON ROSSINYOL

En 2010 (VII Legislatura) se constituyó la comisión de investigación “sobre el contrato de alquiler de un edificio en el polígono de Son Rossinyol, suscrito por CAIB Patrimonio”.

En junio de aquel año se aprobó, a propuesta del PP, constituir dicha comisión para investigar el contrato de alquiler con opción a compra suscrito entre la empresa pública CAIB Patrimoni e Inversiones Can Font, para ubicar la Conselleri de Medio Ambiente y la EBAP. Las sospechas se centraron en el conseller socialista de Economía y Hacienda, Carles Manera.

En agosto la Fiscalía archivó las diligencias con gran celeridad, al no apreciar ninguna infracción penal.

SON ESPASES

En 2014 (VIII Legislatura) se puso en funcionamiento la comisión de investigación sobre el Hospital de Son Espases, a propuesta del PP. Se trataba de investigar la selección de los terrenos, la adjudicación de las obras, la construcción y el desarrollo de los trabajos de edificación. Pero también el modificado y los complementarios relacionados con el centro hospitalario.

Las conclusiones finales, propuestas por el PP y con el voto en contra de PSOE y Més, incluyeron el sobrecoste de la modificación de las obras hechas por el Pacto de Izquierdas, cifrada en 280 millones.

Por su parte, la izquierda sostuvo que la adjudicación estuvo amañada, dando credibilidad al testimonio de Javier Rodrigo de Santos, que señaló que Matas había exigido una comisión de 9 millones al presidente de ACS, Florentino Pérez.

El dictamen fue remitido a la Fiscalía Anticorrupción, que abrió una causa penal que concluyó con el expresidente Matas juzgado por la Audiencia Provincial y condenado a 10 meses de cárcel.

AUTOPISTAS DE IBIZA

En 2016 (IX Legislatura), arrancó la comisión de investigación sobre las autopistas de Ibiza, una exigencia de Unidas Podemos. Un año más tarde la izquierda aprobó el dictamen que apuntó posibles delitos e irregularidades en la contratación, ejecución de las obras y en la gestión de la concesión. También en este caso fueron enviadas a la Fiscalía, que archivó las diligencias al considerar que los indicios aportados por los diputados eran insuficientes y además, los posibles ilícitos penales ya habrían prescrito.

MASCARILLAS

La última comisión de investigación aprobada es la de las irregularidades producidas en la celebración de contratos con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL por parte del Govern desde el año 2020.

También procede recordar que en diciembre de 2020 los integrantes del Pacte de izquierdas (PSIB, Més per Mallorca y Unidas Podemos) rechazaron crear una comisión de investigación de los supuestos casos de abusos y explotación sexual a menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) del Consell de Mallorca.