La nueva Comisión de Medio Ambiente no tendrá pleno y será una dirección general más

El Govern de Marga Prohens ha situado en el punto de mira a la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares (CMAIB), el cuestionado órgano ambiental de la Comunidad Autónoma que supervisa los proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental o evaluación ambiental estratégica, antes de ser autorizados por las diferentes administraciones, locales, insulares o autonómica de Baleares.

Según ha podido saber mallorcadiario.com, el decreto ley de simplificación administrativa que pretende aprobar el Govern antes de finalizar el mes de marzo, reformará drásticamente el funcionamiento de la CMAIB, convirtiéndolo en un órgano unipersonal más de la Administración autonómica, asimilado a una dirección general de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

La elaboración del futuro decreto ley es responsabilidad del vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa. Su departamento trabaja intensamente para que el Consell de Govern pueda aprobar la norma, de notable complejidad técnica, en el plazo indicado por la presidenta Marga Prohens, o si ello no fuera posible, en la primera quincena de abril.

En el mes de diciembre, durante el debate de presupuestos para 2024 en el Parlament, Costa anunció que el Ejecutivo prepara una ley ‘ómnibus’, con un presupuesto de cinco millones de euros del fondo de insularidad, que podría aprobarse en el primer semestre de 2024. Se trataría de la tramitación del decreto ley de simplificación administrativa, una vez en el Parlament, como proyecto de ley, lo que permitiría mejorar su redacción e introducir enmiendas de los distintos grupos.

COMISIÓN DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

El pasado 19 de enero, la presidenta Prohens presidió en el Consolat de Mar, sede de la presidencia del Govern, la primera reunión de la Comisión de Simplificación Administrativa creada para elaborar el decreto de medidas urgentes en el primer trimestre de este 2024.

“Entiendo y comparto las quejas de los ciudadanos sobre las administraciones”, admitió Prohens, quien añadió: “No puede ser que se haya convertido en un obstáculo que ya afecta a la competitividad de las empresas de todos los sectores el exceso de burocracia como problema. No puede ser que este Govern, que somos defensores de la libertad de empresa e individual de los ciudadanos, nos encontremos con una legislación y una administración que ha hecho bandera del excesivo intervencionismo con el objetivo de controlarlo absolutamente todo”.

Prohens apuntó a los tres ejes básicos en que se basará el decreto: simplificación normativa, reducción de la documentación y digitalización de los trámites.

QUEJAS

El sábado 17 de febrero, el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA), Luis Martín, afirmó en un foro de debate organizado por el PP de Baleares en el Parc Bit de Palma, que “hay que quemar la Comisión de Medio Ambiente y volver a hacerla de nuevo”.

En dicho acto, la presidenta Prohens explicó que la futura norma para reducir la burocracia contemplará la externalización de trámites de licencias urbanísticas a través de entidades homologadas. “Queremos que las empresas homologadas o colegios profesionales puedan llevar a cabo las comprobaciones”, explicó la presidenta del Govern, quien afirmó que “se trata de una medida que aplican en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana con éxito”.

Así, “desde el Govern se abordará uno de los restos prioritarios para el PP y se liberará de toda esta carga a los ayuntamientos reduciendo la tramitación de licencias a menos de dos meses", aseveró Prohens.

Los partidos de la oposición de izquierdas no tardaron en reprochar a la presidenta del Ejecutivo que no hubiese censurado las palabras del representante de los promotores inmobiliarios sobre “quemar” la CMAIB.

El portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, declaró que la intención real del Govern es la de “la depredación del territorio y de las principales políticas medioambientales”, a través de un “decreto de depredación administrativa”. “Con una sequía importante, ¿qué se tiene que hacer? ¿Quemar la Comisión de Medio Ambiente y suprimir la Dirección General de Recursos Hídricos? ¿Esa es la solución del PP, cerrar los controles medioambientales en las islas en una situación de cambio climático y dando apoyo al sector primario?”, preguntó Negueruela.

Interpelada en el Parlament por diputados del PSIB y Més per Mallorca, la consellera Marta Vidal afirmó que "no se debe quemar la Comisión de Medio Ambiente", pero se mostró partidaria de "hacer una clarificación normativa para que los técnicos de la Comisión puedan trabajar con una normativa clara y segura". "Una normativa que no les obligue a imponer condiciones urbanísticas pasando por encima de las competencias que corresponden a los ayuntamientos y a los consells insulars", insistió Vidal.

La Asociación de Constructores de Baleares se sumó a la polémica atacando con virulencia tanto la forma de actuar como el régimen jurídico de la CMAIB, criticando su arbitrariedad y su fuerte componente subjetivo y no técnico. También denunciaron la composición del “Comité Técnico y la falta de conocimiento general de los proyectos”. Dicha entidad lamentó que no hay "control ni verificación" sobre los documentos que emite el funcionario-ponente encargado de cada proyecto, y que luego pasan directamente a votación. A su juicio, la arbitrariedad podría evitarse si esos documentos fueran elaborados por un equipo multidisciplinar, encargado de estudiar cada proyecto.

Por otro lado, los constructores consideraron que la forma de actuar de la CMAIB genera "indefensión", ya que sus resoluciones no pueden ser recurridas por el promotor o responsable del proyecto, ni se pueden presentar alegaciones a su informe. Además, opinaron que la votación no debería ser anónima y que el informe final debería estar firmado por un solo responsable.

LEGISLACIÓN

La normativa nacional y europea establece los proyectos urbanísticos que necesariamente deben llevan aparejada una evaluación ambiental estratégica o un informe de impacto ambiental, pero no especifica cómo debe llevarse a cabo tal tarea, por lo que cada Comunidad Autónoma, en el ejercicio de sus competencias, lo realizá como le parece mejor. De hecho, en el conjunto de autonomías, el modelo balear es el más peculiar por su excesiva politización.

De este modo, el modelo de la CMAIB, aprobado por el govern de Francina Armengol, podría ser modificado por otro sistema que implique una menor carga burocrática, que incluyera las reivindicaciones efectuadas por los constructores y respaldadas por la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), lo que no significa rebajar los requisitos medioambientales de los proyectos a estudio.

En este sentido, la Felib ha enviado recientemente una carta al vicepresidente de Govern, Antoni Costa, animándole a reducir la carga burocrática que sufren los ayuntamientos, eliminando trámites innecesarios o eliminando duplicidades.

El presidente de la Felib, Jaume Ferriol, ha expresado su disconformidad con el funcionamiento actual de la Comisión de Medio Ambiente (Cmaib). Así, asegura que “muchos trámites que podrían realizarse por un procedimiento simplificado, se alargan y complican”, lo que conlleva “sobrecostes económicos”.

Asegura también que la Cmaib genera también “peticiones de nueva documentación técnica, lo que hace que, en muchos casos, los ayuntamientos tengan que desistir de poner en marcha proyectos de modificación de planeamientos”.

“Eso hace que muchas necesidades urbanísticas, como puede ser la ampliación de infraestructuras o equipamientos municipales, proyectos de urbanizaciones o dotaciones de servicios, se dejen sin hacer”, apunta Ferriol.

Por otro lado, la Felib señala entre los obstáculos que pone la mencionada Comisión que, una vez que un consistorio aprueba o revisa sus Normas Subsidiarias (NNSS) o su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), “haga inviable la ejecución de muchas obras de desarrollo urbanístico, incluso la de construir vivienda protegida”.