“La sentencia de Matthias Kühn podría no ser la única de este año”

“Hay sentencias pendientes de dictar en los tribunales, no sabemos cuándo se van a dictar (…) Podría ser cuestión de meses que nos siguieran cayendo sentencia en este sentido. Ya han caído 400 millones y ya veremos”. Así se ha manifestado el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, donde ha responsabilizado directamente a los gobiernos socialistas de Francesc Antich y Francina Armengol de las indemnizaciones que hasta el momento ha habido que pagar por las desclasificaciones de la Ley Carbonero de 2008.

Recordemos que este mismo miércoles el Tribunal Supremo ha sentenciado que el empresario Matthias Kühn debe ser indemnizado con 96 millones por la desclasificación de la urbanización Muleta II, en el Puerto de Sóller, donde en virtud de la citada norma, impulsada por el entonces Pacte de Progrés, el suelo urbano urbanizado donde estaba prevista la edificación de chalets, pasó a ser suelo rústico protegido.

“Ya sabíamos desde el principio que caerían indemnizaciones millonarias. Cuando estuvimos en el Govern 2011-2015, había riesgos por sentencias por importe de 900 millones y llevamos pagados 400 millones y quedan cosas pendientes. Intentamos que esto no sucediese. Alguien no sólo no lo intentó, sino que las alternativas que pusimos para evitarlo, lo suspendieron en 2016 y lo derogaron en 2017”.

“Proteger tiene un precio y es muy elevado”, ha manifestado con notable enfado el portavoz del Govern. “Estos supuestos chalés que no existen nos cuestan 3 millones de euros cada chalé a los ciudadanos de Baleares”, ha añadido.

Costa no ha dudado en calificar la citada sentencia de “mazazo sin precedentes” para las arcas públicas. Y ha considerado que la mala gestión de los gobiernos socialistas supone “malversación de dinero público”.

Para afrontar el pago de los casi 100 millones de euros a Kühn, Costa ha explicado que habrá que aprobar una ley de crédito extraordinario que supondrá aumentar la deuda pública en dicha cantidad, que podría no ser la última en este año.

El conseller ibicenco ha asegurado que el descuadre en la hacienda pública no supondrá un recorte de los servicios públicos, pese a la “irresponsabilidad de la izquierda”.

Costa, que en la legislatura 2011-2015 fue director general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, ha detallado que el Govern de José Ramón Bauzá modificó la Ley de 2008 para evitar el pago de indemnizaciones, pero el Ejecutivo de Francina Armengol impidió la medida con la aprobación de la Ley de Urbanismo de 2017, motivo por el cual el Supremo ha condenado a la Comunidad Autónoma.