Antoni Costa ha defendido ante los medios que, con la descertificación de fondos europeos que ha tramitado el Ejecutivo tras conocerse el escándalo, la Comunidad pasa "automáticamente a ser parte afectada", ya que "hemos perdido 3,7 millones de euros".
Costa se refería así al trámite iniciado por su Conselleria: un expediente de descertificación de gasto, que en la práctica implica renunciar a los fondos. El Govern asegura que con esta medida cumple los protocolos contra el fraude y la normativa de los fondos Feder.
El vicepresidente del Govern se ha mostrado confiado en que "después de las alegaciones que presentará la Abogacía", "no haya ninguna duda" de que Baleares y sus ciudadanos son "parte afectada".
Por otro lado, el vicepresidente ha constatado las dudas en el Servicio de Salud (IbSalut) respecto a las posibilidades de que prospere la primera reclamación administrativa presentada a la empresa investigada, Soluciones de Gestión, de 2,6 millones de euros por el sobrecoste de las mascarillas.
En concreto, se ha referido a "determinados actos administrativos que hizo el Govern anterior", en la etapa de Francina Armengol, que "dificultan muchísimo la posibilidad de reclamar" los 2,6 millones: el certificado emitido en agosto por el IbSalut avalando que el contrato fue satisfactorio, pese a que ya tenía los análisis que constataban que las mascarillas no cumplían los requisitos de una FPP2.
"Si te plantean si las mascarillas son aceptables, tú dices que son perfectamente aceptables y que cumplen todos los requisitos, y además lo pones en evidencia en el expediente, pues evidentemente se introducen serias dificultades", ha razonado el conseller.
En cualquier caso, preguntado por la posibilidad de que el Govern formalice una segunda reclamación, Costa ha insistido en que el IbSalut va "a hacer todo lo posible para que los 3,7 millones de euros defraudados vuelvan a las arcas de la Comunitat Autónoma".