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Los jueces de paz se movilizan ante su inminente extinción
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Los jueces de paz se movilizan ante su inminente extinción

Por Laura del Amo
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ldelamomallorcadiariocom/7/7/22
miércoles 13 de marzo de 2024, 13:49h

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Los jueces de paz existen en aquellos municipios en los que no hay partido judicial. En todos ellos, por pequeños que sean. En España hay unos 7.500, de los que algo más de 50 están en Baleares. Además de su papel más 'mediático', el de oficiar bodas, cumplen una función social muy importante: solucionar conflictos entre vecinos para evitar que lleguen a los tribunales. Pero hay dos normas, una ya aprobada y otra en elaboración, cuya entrada en vigor supondrá la eliminación automática de estos organismos. El colectivo se ha movilizado para evitar una desaparición "muy dañina" para los ciudadanos.

Este mismo martes, el Consejo de Ministros daba luz verde al anteproyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia. La novedad fundamental del texto elaborado por el ministerio que dirige Félix Bolaños reside en la creación de un tribunal de instancia por cada partido judicial, con una oficina judicial única en cada uno, y las oficinas de justicia en los municipios que sustituirán a los juzgados de paz.

El ministro explicó este martes que este anteproyecto constituye "una parte esencial del impulso reformista en la Justicia anunciado por el Ejecutivo". En todo caso, su puesta en marcha supone la eliminación de una figura con una larga historia fuera de las grandes ciudades.

Para conocer el origen de los Juzgados de Paz hay que remontarse al siglo XIX, concretamente al Real Decreto de 22 de octubre de 1855, que establecía que “en todos los pueblos de la Monarquía en que haya Ayuntamientos, habrá Jueces de Paz". El objetivo inicial era asumir algunas de las competencias que tenían los alcaldes.

Con el tiempo, estos denominados órganos unipersonales pasaron ser una extensión de la Administración de Justicia hacia todos los territorios y especialmente en las zonas rurales. De hecho, se encargaban tanto de celebrar bodas, como de registrar nacimientos y defunciones, e incluso de proceder al levantamiento de cadáveres.

Esa tendencia a la ampliación de sus funciones ha cambiado de signo en los últimos años y sus funciones están ahora limitadas a tres áreas fundamentales: resolver asuntos de cuantía no superior a 90 euros (una actividad residual); servir de nexo entre la Administración de Justicia y los ciudadanos en algunas comunicaciones (también muy escasa), y desarrollar un papel importante como oficina colaboradora del Registro Civil, ámbito en el que se ofician matrimonios civiles.

Pero, según comenta a mallorcadiario.com el juez de paz de Sóller, Jaume Casasnovas, su actividad más importante es servir de mediadores para evitar que los problemas que pueden surgir entre ciudadanos terminen en los tribunales, un servicio a la sociedad que tiene los días (o más bien años) contados.

SE CONVERTIRÁN EN OFICINAS MUNICIPALES DE JUSTICIA

Y es que el anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia introduce una serie de cambios fundamentales para esta institución. Esta norma define el movimiento como una "evolución" a "modernas Oficinas de Justicia en los municipios", pero en la práctica supondrá la desaparición de los aproximadamente 7.500 jueces de paz que hay actualmente en España y los algo más de 50 que ejercen el Baleares.

A esto se suma además la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que se encuentra inmersa en el periodo denominado vacatio legis, es decir, que está aprobada pero aún no ha entrado en vigor.

En su dilatada experiencia (24 años ejerciendo como juez de paz y 15 años al frente de la Asociación de Jueces de Paz de Baleares), Casasnovas ha solucionado innumerables conflictos entre vecinos y ha oficiado centenares de bodas. Una actividad muy variada que se hace con el beneficio de la cercanía.

"Nos conoce todo el mundo. Si hace falta, nos tomamos un café y solucionamos el problema"

"Nosotros somos esa figura que conoce a todo el mundo en el pueblo y que, si surge un problema, voy a verles a su casa o vamos al Juzgado de Paz y lo hablamos. Y si hace falta nos vamos a tomar un café y, normalmente, lo solucionamos. No siempre podemos, porque a veces no son tus competencias o tus conocimientos no llegan para solventarlo", precisa este juez de paz de Sóller.

"Hoy por ejemplo he hecho o recibido fácilmente veinte llamadas. Unos tenían un problema con el expediente de matrimonio. Otro ha llamado por un problema de podas con un vecino y que hemos podido arreglar", cuenta Casasnovas, quien señala que toda esa actividad la hace "por 270 euros brutos al mes, y eso que este es un pueblo grande, los hay que lo hacen por 50 euros al mes".

Y es que, tal y como él mismo señala, "nosotros somos legos, no somos profesionales. Para ser juez de paz solo hace falta ser una persona española, mayor de edad y no estar condenado por un delito doloso. El sentido común y la cercanía es lo que da valor a nuestra figura, aunque también solemos contar con 'ayudantes de campo' que colaboran en que los problemas no lleguen a más", apunta.

Por ello, teme que la desaparición de la figura del juez de paz "será muy perjuidicial para los ciudadanos que no tendrán a nadie tan cercano que les ayude. No tendrán esa figura no solo les evita tener un pleito, sino que les aconseja o incluso les acompaña a realizar trámites que para ellos son complejos".

"Quien nos sustituya en las oficinas municipales de justicia probablemente tendrá un horario y no querrá que le mareen, y nosotros estamos disponibles incluso por las noches o en fin de semana", apunta.

"Muchos conflictos no figuran en las estadísticas porque logramos que no lleguen a serlo"

"En el ámbito de resolución de conflictos será especialmente negativo, porque no se tiene en cuenta que muchos conflictos no figuran en las estadísticas precisamente porque no llegan a serlo, porque en más del 90 por ciento de los casos los problemas se arreglan de palabra y no hace falta llegar a instancias judiciales", subraya Casasnovas.

Asimismo, en cumplimiento de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, se está implantando en el ámbito nacional un nuevo sistema de registro civil, denominado Dicireg, que pretende que todos los trámites con esos organismos puedan realizar por vía telemática.

A este respecto, Casasnovas subraya que "la digitalización va muy bien para nosotros, lleva más trabajo, pero es más práctico, pero eso díselo a mi padre, que tiene 97 años, o a mi madre, que tiene 94 años". "Además, los datos que se guardan en los Juzgados de Paz son un auténtico patrimonio histórico, somos nosotros los que los estamos digitalizando para que no se pierdan y se puedan consultar", apunta.

Finalmente, respecto a la fecha en la que desaparecerán definitivamente los Juzgados de Paz, Jaume Casasnovas apunta que "no hay un plazo exacto, porque mientras tengamos alguna competencia nos aguantarán, pero creo que en unos cuatro años estará totalmente instaurado el cambio en la normativa". Será entonces cuando esta figura pasará a ser historia.

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