Los habitantes de 73 trasteros convertidos en infraviviendas esperan soluciones

Los trasteros y locales comerciales reconvertidos en infraviviendas se encuentran en varias zonas de la ciudad, concretamente en Gomila, las calles Manuel Azaña, Foners, y en Sa Indioteria. Son 73 unidades en total que eran alquilados por entre 350 y 700 euros mayoritariamente a inmigrantes ilegales.

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad tiene la posibilidad de precintar los habitáculos que alquilaba el agente por ser infraviviendas, ya que no reúnen los requisitos mínimos de salubridad para que puedan ser consideradas viviendas y ser comercializadas como tal. Ese es precisamente el motivo por el que le ha sido impuesta una multa de algo más de dos millones de euros al agente de la Policía Local de Palma que se encargaba de los alquileres.

Pero cerrar todas estas viviendas dejaría en la calle a decenas de personas que, si aceptan vivir en esas condiciones, es porque no se pueden permitir otra alternativa habitacional.

Por ello, las administraciones implicadas celebran este jueves una reunión para coordinar una respuesta a un más que probable cierre de las infraviviendas, según ha podido saber mallorcadiario.com.

En ella participarán tanto representantes de la Conselleria de Vivienda -entidad convocante de la reunión-, como del Consell de Mallorca -a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS)- y de la Regiduría de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Palma.

Y es que la respuesta tiene que ser variada dado que las situaciones personales de quienes residen en las infraviviendas también lo son.

Así, en el caso de personas mayores de edad que no tengan a nadie a cargo y no dispongan de recursos para afrontar en solitario el pago de una vivienda, el IMAS puede ofrecerle alguna de las distintas opciones de que dispone su red de inclusión social.

Pero si se trata de familias, la competencia pasa entonces al Ayuntamiento de Palma. Y dado que el consistorio no dispone de viviendas propias que ofrecer a las personas que se encuentran en esa sitaución, lo que suele hacer es ofrecer ayudas económicas para cubrir parcialmente el pago de un alquiler.

De momento, ni a unos ni a otros les consta haber recibido petición alguna de realojamiento por parte de quienes residen en las 73 infraviviendas.

DE MOMENTO NO HA RECURRIDO LA SANCIÓN

Por otro lado, no consta oficialmente que de momento el agente de la Policía Local que se dedicaba a alquilar las viviendas haya recurrido la sanción económica de dos millones que le impuso la Conselleria de Vivienda, ante la que tiene dos opciones distintas.

Por un lado, podía interponer en el plazo de un mes desde que le fue notificada la sanción un recurso de reposición contra esa decisión administrativa. Pero esta opción ha quedado descartada ya que el aviso de la sanción le llegó a mediados de enero.

Pero el afectado puede también interponer directamente un recurso contencioso administrativo, para el que tiene dos meses de plazo. Esta opción está aún abierta y, de momento, a la Conselleria no le ha llegado información de que haya optado por esta vía.