Los constructores tachan de "arbitraria" y "falta de rigor" a la Comisión de Medio Ambiente

La Asociación de Constructores de Baleares ha expresado en un comunicado su "rechazo frontal" tanto a la forma de actuar como al régimen juíridico que rige la Comisión de Medio Ambiente de les Illes Balears (CMAIB). Recuerda además que hace años que solicitan que se rija por criterios "exclusivamente técnicos" ya que, a su juicio, su día a día confirma que actúa "con arbitrariedad" y con "un fuerte componente subjetivo".

Así, la patronal de los constructores asegura que la arbitrariedad que denuncian es fruto de la composición del Comité Técnico y "la falta de conocimiento general de los proyectos". Apuntan que los funcionarios de distintas consellerias que forman parte de ese organismo tienen la obligación de votar --al no estar permitida la abstención-- sobre temas en los en "en muchas ocasiones no son expertos".

Subraya además que no hay "control ni verificación" sobre los documentos que emite el funcionario-ponente encargado de cada proyecto, y que luego pasan directamente a votación. A su juicio, la falta de arbitrariedad podría evitarse si esos documentos fueran elaborados por un equipo multidisciplinar que estudien cada proyecto y luego se emita la votación.

"INDEFENSIÓN"

Por otro lado, los constructores consideran que la forma de actuar de la CMAIB genera "indefensión", ya que sus resoluciones no pueden ser recurridas por el promotor o responsable del proyecto, ni se pueden presentar alegaciones a su informe. Además, consideran que la votación no debería ser anónima y que el informe final debería estar firmado por un solo responsable, por lo que proponen que se transforme en un órgano administrativo como, por ejemplo, una Dirección General.

Finalmente, se muestran favorables a que en el Comité Técnico haya representantes de las entidades ecologistas con vox y voto, pero consideran discriminatorio que el ámbito empresarial no tenga representación.

Por otro lado, la patronal de los constructores recuerda que en otras ocasiones han pedido también revisar la necesidad de otro tipo de informes supramunicipales, como el de Recursos Hídricos, que podrían ser realizados por los ayuntamientos para evitar el colapso administrativo que hay en los organismos que emiten esos documentos, así como para acortar las "injustificadas demoras que sufren los ciudadanos y que incumplen la ley".

En ese sentido, ponen como ejemplo al Ayuntamiento de Palma, que recientemente ha aprobado sustituir la autorización de Recursos Hídricos en obra mayor por la comprobación municipal de que se cumplen las condiciones del Plan General y el Plan Hidrológico. Esperan además que el nuevo Decreto de Simplificación Administrativa que prepara el Govern "pueda incidir en estos temas, agilizar las tramitaciones y eliminar burocracia innecesaria".

Por último, pide un "compromiso por parte de las administraciones para que resuelvan sus expedientes en los plazos que marca la ley". Así, considera que sería "muy importante" implantar el silencio administrativo positivo, ya que ello obligaría a cumplir con los plazos.

LA CONSELLERA APUNTA POR "CLARIFICAR LA NORMATIVA"

Preguntada por esta polémica, la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha afirmado este martes en el Parlament que "no se debe quemar la Comisión de Medio Ambiente" y que "se trata de hacer una clarificación normativa para que los técnicos de la comisión puedan trabajar con una normativa clara y segura".

"Una normativa que no les obligue a imponer condiciones urbanísticas pasando por encima de las competencias que corresponden a los ayuntamientos y a los consells insulars", ha considerado la consellera.

Además, ha defendido a los técnicos de la comisión y ha dicho que la Comisión de Medio Ambiente se ha convertido en un "cul de bòtil" pero no por el trabajo de los funcionarios "sino por la normativa que es necesaria clarificar".