Ley y constitucionalismo, nuevo eje electoral

Tras las elecciones de julio y las gallegas del pasado domingo el debate político nacional ha girado, en realidad, en torno al concepto de la Ley (en mayúsculas), pues otorgar la amnistía a cambio de un puñado de votos, se quiera o no, pone en cuestión el fundamental papel que la Ley juega como pilar central una auténtica convivencia democrática. No se trata tanto, pues, de la suerte que puedan correr Puigdemont y el resto de separatistas como de la potencial pérdida de la protección que otorga el imperio de la Ley. Así, el panorama político español ha quedado dividido en dos.

Por un lado, nos encontramos con el bloque de Sánchez que considera que la Ley es una especie de chicle que puede adaptarse a cualquier circunstancia tanto en su interpretación como en su propia elaboración. Mientras que por el otro lado nos encontramos con el bloque liderado por el PP que tiene como principal divisa, precisamente, la aceptación de ese imperio de la Ley.

Las elecciones gallegas han dejado a las claras la existencia de esos dos bloques, con el 50% de los sufragios cada uno de ellos. La campaña electoral se ha desarrollado mayoritariamente en clave nacional no tanto porque Feijoo se jugase su liderazgo, como ha reiterado el equipo sincronizado de opinadores al servicio de Sánchez, sino, sobre todo, porque lo que está en juego son los valores básicos en los que se sustenta nuestra convivencia democrática ordenada por los principios constitucionales esenciales.

Este nuevo eje electoral sustituye al clásico izquierda-derecha por obra y gracia de un Partido Socialista que, desde hace tiempo, está empeñado en alcanzar y mantener el poder colaborando apoyado en toda suerte de nacionalismos y otros extremismos. Nacionalismos que, lógicamente, pretenden finiquitar un ordenamiento jurídico que ellos consideran un corsé que les impide alcanzar sus utópicos objetivos. Ese era el auténtico contenido del Pacte del Tinell y lo es, ahora, del Muro de Sánchez.

Esto significa que el PP tiene una ocasión magnífica para relanzarse tanto en el País Vasco como, sobre todo, en Cataluña. Esta última comunidad es la que otorga mayorías en el conjunto de España por su importancia demográfica y cultural. Así, si tras el fracaso de Ciudadanos fue el PSC quien recogió el voto constitucionalista, proporcionando a Sánchez la posibilidad de continuar en la Moncloa. Tras lo vivido desde el 23-J, hasta ahora, se pone en cuestión el papel de Illa como representante del genuino constitucionalismo protector de los derechos individuales. De hecho, el propio PSC es tan consciente de ello que mantiene a su líder prácticamente escondido. Por ello, si el PP sigue la línea política que encabeza su actual líder catalán, Alejandro Fernández, tiene claras opciones de recoger muchos de los votos que, en su día, fueron a manos de Inés Arrimadas. Quizás los suficientes como para también alcanzar el poder nacional.

Por otro lado, a mi juicio, existen otras dos derivas socialistas que han puesto en cuestión el papel de la Ley como fundamento esencial de la convivencia democrática. Una son las normas de carácter woke. La ley de violencia de género que priva de la custodia compartida de los hijos al varón por la simple interposición de demanda por parte de la mujer, pienso que es un claro ejemplo. La otra son las actuaciones en materia de vivienda que dificultan el ejercicio de los legítimos derechos de los propietarios.

Por todo ello, es de suponer que la oferta electoral del PP se centrará en los puntos aquí tratados. Sin olvidar, no obstante, que lo realmente preocupante es que la mitad del electorado se está decantando por opciones que consideran que las leyes y la propia constitución son una especie de chicle que se puede estirar y encoger a conveniencia de los intereses electorales de los gobernantes de turno. Abordar esta última e inquietante cuestión requiere la valentía de realizar propuestas de reformas estructurales en profundidad.