Cuando fue entrevistada por mallorcadiario.com en agosto de 2023, la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, Marta Vidal, se mostró hermética en cuanto al decreto de medidas urbanísticas que prepara su departamento, aunque confirmó su intención de modificar la Ley de Urbanismo de las Islas Baleares (Ley 12/2017). Sin embargo, no quiso avanzar ningún extremo al respecto. “No voy a avanzar nada. Yo soy extraordinariamente discreta en todo lo que tiene que ver con regulaciones que pueden generar especulación urbanística y eso se tiene que comprender”, aunque admitió estar “trabajando codo con codo con las demás administraciones territoriales, estamos escuchando a todos los colectivos”, aseguró Vidal, que fue consellera insular de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Consell de Menorca entre 2013 y 2015
Según ha podido saber mallorcadiario.com, la conselleria de Marta Vidal ultima un decreto ley de medidas urgentes en materia de Urbanismo, con la intención de que sea aprobado en Consell de Govern el próximo mes de abril. A tal efecto, ya se han celebrado distintas reuniones con expertos en la materia. Este decreto será el paso previo a la redacción de una nueva Ley de Urbanismo, pues se opta por elaborar una nueva legislación y no por un mero retoque de la ley en vigor, aprobada por el Pacto de Izquierdas liderado por Francina Armengol.
Cabe recordar que dicha Ley de Urbanismo 12/2017, fue objeto de modificación poco tiempo después de su aprobación, por exigencia de Podemos, lo que da idea de su defectuosa y confusa redacción.
DECRETOS INTEMPESTIVOS
Durante la presidencia de Francina Armengol, además de la citada Ley de Urbanismo 12/2017, el Govern aprobó dos decretos ley en materia urbanística, el decreto ley 9/2020, de 25 de mayo, y el decreto ley 10/2022, de 27 de diciembre. Ambas normas fueron aprobadas casi en secreto, de tapadillo y aprovechando circunstancias extraordinarias que mantenían la atención mediática y a la opinión pública en otros asuntos.
DURANTE EL CONFINAMIENTO
El decreto ley 9/2020, de medidas urgentes de protección del territorio de las Illes Balears, fue aprobado el 25 de mayo, en pleno confinamiento domiciliario de la población con motivo del Estado de Alarma decretado por el Gobierno para luchar contra la pandemia por Covid-19. En los 99 días que duró el confinamiento, siendo conseller de Medio Ambiente y Territorio Miquel Mir, de Més per Mallorca, el Ejecutivo de Armengol se apresuró en aprobar dicha norma, cuando la atención de la ciudadanía y de los medios de comunicación se centraba en la devastación que generó la pandemia.
La medida estrella fue la moratoria de licencias para falsos urbanos y urbanizables que no se hubieran desarrollado. Además, fueron desclasificados terrenos urbanos con ocho años de antigüedad, donde no se hubiera construido. También se redujeron las dimensiones de las nuevas viviendas en rústico.
Todas estas medidas fueron duramente criticadas por la Comisión de Construcción de la patronal CAEB, al considerar que sería perjudicial para la economía balear y que causaba inseguridad jurídica y perjuicios graves a pequeños propietarios y payeses.
EN NAVIDAD
La otra norma aprobada de forma sigilosa por el Govern Armengol fue el decreto ley 10/2022, de 27 de diciembre, de medidas urgentes en materia urbanística. En plena celebración de las fiestas de Navidad, el Ejecutivo desclasificó los “falsos urbanos”, limitó y condicionó el crecimiento mediante nuevas delimitaciones de suelos urbanizables y adoptó medidas para la reducción del consumo de agua restringiendo las piscinas en suelo rústico. Concretamente, prohibió que los ayuntamientos puedan autorizar nuevas urbanizaciones si tienen suelo urbano sin construir.
OBJETIVOS
El nuevo decreto ley que previsiblemente verá la luz en abril, regulará, entre otras cosas, los denominados núcleos rurales. Por su parte, según ha podido saber mallorcadiario.com, la futura nueva Ley de Urbanismo de Baleares podría incorporar grandes cambios con respecto a la normativa actualmente en vigor. Existe mucha expectación en el sector sobre si se alterarán los parámetros para construir en suelo rústico, si se podrán legalizar construcciones fuera de ordenación cuya infracción haya prescrito, o si el ANEI se podrá volver a computar, entre otros aspectos relevantes.
AGILIZAR TRÁMITES
El pasado sábado la presidenta del Govern, Marga Prohens, ya dejó entrever que la política urbanística será objeto de atención al anunciar que el decreto de Simplificación Administrativa que ultima el Govern, permita externalizar los trámites de licencias urbanísticas a entidades debidamente acreditadas y homologadas o colegios profesionales, a fin de liberar a los ayuntamientos y reducir así la tramitación de licencias urbanísticas "a menos de dos meses", algo que ya se aplica en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, explicó Prohens.