Con el respaldo de los miembros del PP, el órgano de gobierno del Parlament ha aprobado este cambio en la norma lingüística de la institución, según ha indicado Le Senne.
Vox considera que esta medida pone fin a "30 años de exclusión" lingüística y resalta que el boletín del Parlament, la web y las publicaciones en redes sociales serán bilingües.
Los ultraconservadores subrayan que este cambio supondrá la aplicación real de la cooficialidad de ambas lenguas en el archipiélago, poniendo fin a una situación anómala vigente desde 1992, similar a la política lingüística de otras regiones con dos lenguas oficiales, como Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.
La propuesta de Le Senne también aboga por la creación de una versión de la web en castellano y por garantizar a los ciudadanos que sean respondidos por el Parlament en la lengua oficial que ellos elijan.
Vox sostiene que para implementar este acuerdo se necesitará cubrir dos vacantes de personal, jefe de negociado, en el departamento de registro, y jefe de sección, en el departamento de publicaciones y transcripciones.
La portavoz adjunta del Partido Popular, Marga Durán, respalda los cambios lingüísticos equiparando al Parlament con otras regiones, y asegura que este acuerdo permitirá atender a los ciudadanos en cualquiera de las dos lenguas cooficiales. Además, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Durán ha defendido que el uso de las dos lenguas oficiales, castellano y catalán, ya se produce con normalidad en otras instituciones como el propio Govern y en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB).
"Todos los partidos que ahora se rasgan las vestiduras, como el PSIB, deberían decir por qué han consentido que en el Govern todas las comunicaciones exteriores se hiciesen en las dos lenguas", ha reclamado Durán.
QUEJAS DE LA OPOSICIÓN
La oposición, por el contrario, ha asegurado que la medida ha sido aprobada sin ningún informe de los letrados de la Cámara y que no se ha atendido su petición de dejarla en suspenso hasta que los servicios jurídicos elaboren un informe, pues entienden que se podría estar incumpliendo la Ley de Normalización Lingüística. Sin embargo, Le Senne ha revelado que en la redacción del escrito que él mismo presentó la semana pasada "han intervenido los servicios jurídicos de la Cámara", por lo que no le plantea "ninguna duda".
Los partidos de izquierdas han manifestado su contrariedad por la medida aprobada en la Mesa con el apoyo de PP y Vox.
El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha calificado la medida de "ataque a la lengua de Baleares" y ha responsabilizado de la misma a PP, Vox y la presidenta del Govern, Marga Prohens, a quien considera "obsesionada con la lengua".
Negueruela cree que el PP dinamita el consenso en materia lingüística al que se llegó en 1991, durante el Govern de Gabriel Cañellas, de quien ha dicho que "respetaba la lengua".
El portavoz socialista ha anunciado que presentarán recurso ante los tribunales y ha tildado la medida de "una vergüenza" y "nefasto jurídicamente".
Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha sido muy crítico con el presidente del Parlament, Gabriel Le Sene, y le ha reprochado que acudiese a la Junta de Portavoces sin informarles de lo decidido en la Mesa. Considera que el acuerdo sirve para "restar presencia al catalán", lo que constituye una "falta de respeto intolerable" a los grupos parlamentarios.
Además, ha denunciado que la medida propuesta por Vox vulnera diferentes artículos de la Ley de Normalización Lingüística, por lo que la ha calificado de "ilegal". Y yendo un paso más lejos, ha desafiado a Vox a que derogue dicha Ley, a la vez que ha reclamado su cumplimiento mientras esté en vigor. Apesteguia no descarta ninguna actuación para "evitar que el Parlament se salte sus leyes".
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha coincidido en describir el acuerdo de la Mesa como ;"una medida más para arrinconar el uso social del catalán" que "sin el apoyo del PP, no habría sido posible", por lo que ha pedido que explique el motivo por el que ha optado por "romper este consenso".
Por su lado, la diputada Cristina Gómez de Unidas Podemos, ha manifestado que se trata de una medida para "imponer una ideología centralista y uniformadora", y "un artificio para imponer el castellano".
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